Entre la "sorpresa" y las "dudas" han recibido los vecinos de Gijón el fallo judicial que tumba la ordenanza de Movilidad. La mayoría se muestran desconcertados al no tener claro si sigue en vigor la actual normativa, que se mantendrá al menos hasta que se conozca la decisión del Supremo, al que presentará el Ayuntamiento un recurso de casación en un margen de treinta días hábiles. Muchos ven "necesario avanzar hacia la movilidad sostenible", aunque también abundan los que consideran que la norma gijonesa implicaba restricciones "excesivas" y que precisaba de "un mayor margen de adaptación".
Para Luis Miguel Palacio, la ordenanza es "un robo a mano armada". Considera que "una administración debe sacar adelante normas con el total convencimiento de que se encuentran dentro de la legalidad". Este vecino de La Calzada recuerda cómo "todos nos tiramos a por la pegatina para cumplir la norma, que ahora ha quedado en nada". "Desde el barrio casi nunca bajo en coche, porque me parece una temeridad en una ciudad pequeña como Gijón. Una cosa es la sostenibilidad y otra que nos tomen por tontos", zanja.
Por el momento, la obligatoriedad de lucir etiquetas medioambientales en los vehículos y las restricciones de la ORA para los turismos más antiguos continúan en vigor. Luis Suárez cree que el gobierno local "pegó un pelotazo sin contar con nadie". "Hace falta consenso en normas de este calado. Yo tengo dos coches con una pegatina que costó un dinero", cuenta. En ese sentido, Suárez califica de "desastre total" el mandato de Ana González, un alegato para el que pone ejemplos como la sentencia judicial contra el "cascayu" o el "abandono" de la estación de autobuses y la paralización del metrotrén.
Una visión diferente es la de María Prieto. Ir contra esta norma le parece "ridículo". No ve bien la "persecución" de esta ordenanza porque "pretende estar a nivel de Europa en cuestión de movilidad y debe ser así". Lo que lamenta es que, en base a la nueva ordenanza, vendió su coche porque tenía 25 años. "Fue una inversión muy importante. Si se anula la norma, debería plantearse alguna ayuda o subvención para los que hemos tenido que cambiar de coche. Y luego están las multas... A ver qué se hace", reflexiona.
La norma ha sido tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias al estimar los recursos presentados por el PP y Foro. La sentencia considera ilegal la ordenanza por la falta de una memoria económica correcta. El Ayuntamiento anunció ayer que recurrirá, por lo que sigue en vigor. "La gente está despistada sobre qué pasa ahora. Lo que ha pasado me parece un paso atrás", analiza Carmen Fuente. "Me sorprendió el fallo judicial. Hay dos visiones distintas", cuenta. "Es una mala noticia en cuanto a la lucha contra la contaminación, pero beneficia a los bolsillos de la ciudadanía. Por ejemplo, tengo un coche viejo, así que a mí me beneficia su anulación", apuntala.
Miguel Ángel González apunta en una dirección similar. "Hay que pensar en la lucha contra la contaminación, pero quizás las medidas se implantaron de forma precipitada", opina. "Hay que incentivar el transporte público, pero también pensar en los que trabajan. En Gijón ya hay una falta de aparcamientos importante en el centro", remata.