La responsabilidad patrimonial y las plusvalías encabezan los pleitos municipales

Un total de 1.716 informes realizados, la participación en 855 procedimientos judiciales iniciados entre 2020 y 2022 y la recepción de 823 sentencias emitidas en ese mismo período de tiempo, aunque referidas mayoritariamente a años anteriores, son los grandes datos de la memoria de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento que, sobre la actividad de estos tres años, se acaba de presentar en cumplimiento de una obligación impuesta por el reglamento de la Asesoría Jurídica que entró en vigor a finales del año 2021. El equipo está integrado por nueve personas, siete de ellos letrados incluyendo al director de la Asesoría.

De esos 855 procedimientos judiciales iniciados en el periodo de análisis al año 2020 se corresponden 246, 315 al año 2021 y 294 al año 294. Cifras todas por debajo de los 400 del año 2019, que fue la más alta de los últimos ejercicios. En el llamativo bajón del año 2020 tiene que ver la suspensión de la actividad en los juzgados por la pandemia. Por materias la mayor parte de esos procedimientos –632 en los tres años lo que supone un 74% del total – fueron contenciosos; seguidos de procesos en materias sociales (105) y penales (104). Y pese a que la tendencia es a la baja con el paso de las años los procesos por liquidación de plusvalías siguen estando en lo alto con 134 procedimientos judiciales iniciados entre 2020 y 2022. Solo por debajo de los 186 casos de responsabilidad patrimonial. Los contenciosos-administrativosen materia de personal están en el tercer puesto con 62 casos. Aunque en este asunto hay que tener en cuenta los 105 procedimientos en el ámbito de lo social, la mayoría por despidos o reclamaciones salariales.

La plusvalía, y más en concreto los allanamientos en esa materia que fueron 50 en el año 2020 y 39 en el año 2021, también se deja sentir en la estadística de sentencias emitidas. De las 823 recepcionadas estos tres año, 459 –lo que supone un 55%– fueron estimadas total o parcialmente en favor del demandante y en contra del Ayuntamiento como demandado. Y también los procedimientos por plusvalía justifican que en 2021 las costas abonadas se dispararán a 127.000 euros frente a los 18.000 de 2020 y los 10.700 del año pasado,

En materia penal la mayor parte de los casos corresponden con la reclamación de daños ocasionados a bienes municipales en la vía pública. Aunque en este periodo hubo una singularidad en el ámbito de la jurisdicción contable. El Ayuntamiento se personó en la demanda del exportavoz del PP, y ahora edil no adscrito, Alberto López-Asenjo, contra directivos del PP a los que acusó de presuntas irregularidades en la gestión de los dineros del grupo municipal.

Casos de relevancia

En su labor de defensa de los empleados, la Asesoría Jurídica dio asistencia en esos tres años a 96 funcionarios, la mayoría agentes de policía, y a un solo edil, el entonces responsable de Obras Públicas, Olmo Ron, que fue demandado por el edil forista Pelayo Barcia por supuesta malversación de fondos con la obra de la avenida de El Molinón. Fiscalía archivó la denuncia.

El informe hace referencia también a los procedimientos judiciales de "relevancia social". Un listado de 20 casos en los que el Ayuntamiento resultó "perdedor" en la demanda" de Stop Muro por el "cascayu" y en las de PP y Foro contra la ordenanza de movilidad, aunque este asunto ha sido recurrido ante el Supremo. Desestimadas fueron, entre otras, las demandas de Foro contra las ordenanzas fiscales, del colectivo de antivacunas por la acampada en el parque de Isabel la Católica, de varios vecinos de Granda contra la instalación de la ITV, de la comunidad de propietarios de la colonia del Pisón en diferentes asuntos que tienen que ver la depuradora del Este y de Pymar contra las condiciones fijadas en el Plan General de Ordenación (PGO) para el suelo de Naval Gijón. Inadmitidos fueron dos recursos del Grupo Covadonga sobre la renaturalización del Piles y de la asociación Abogados Cristianos por la colocación de una bandera LGTBI y desistido el proceso iniciado por la firma Circuitos Taurinos contra la decisión municipal de no prorrogar la concesión de la feria taurina en El Bibio.

El informe también enumera otros casos donde la relevancia no es social sino económica dadas las cuantías que se reivindican en el procedimiento por quien demanda al Ayuntamiento. La de más envergadura, unos 7,5 millones, tiene que ver con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que reclamó ese dinero al Ayuntamiento en base a un convenio de colaboración de hace varios años que el Ayuntamiento da por caducado. Primero lo intentó cobrar por vía ejecutiva a través de la Agencia Tributaria y luego inició un contencioso. En ambos casos ganó el Ayuntamiento. Desestimadas en primera instancia también fueron las reclamaciones de Iberdrola (3,7 millones) por las condiciones de la prórroga del contrato de energía eléctrica, de la CSI y bomberos por las contribuciones especiales (5 millones) o de Veolia contra la adjudicación del contrato de servicios energéticos (9 millones).

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