A juicio dos acusados por secuestrar a un gijonés y pedir 5 millones de euros de rescate

La víctima estuvo días encadenada en una nave y los encausados amenazaron con matarle si contaba algo a las autoridades

Palacio de Justicia de Gijón

Palacio de Justicia de Gijón / JUAN PLAZA

S. F. L.

Dos varones se sientan mañana en el banquillo de los acusados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial acusados de secuestrar a un gijonés en marzo de 2020 y pedirle a la familia un rescate de cinco millones de euros por su liberación. Afrontan penas de entre 14 y 11 años de cárcel.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 11:40 horas del día 5 de marzo de 2020, la víctima llegó en su vehículo a la nave de la empresa en la que trabajaba, dedicada al alquiler de autocaravanas, en el Polígono de Pervera, en Carreño. Hacia las 12:30 accedieron a la misma los procesados (nacidos 1969 y 1982, respectivamente), "que iban encapuchados, y sacaron sendas pistolas, cuyas características no constan, y tras confirmar que la víctima era el hermano del propietario de la empresa, le conminaron a que les acompañara". Como la víctima se resistió, "le pusieron unas esposas en los tobillos y en las muñecas, sujetándole los brazos a la espalda, y tras abrir el portón de la nave, introdujeron en ella un vehículo BMW, modelo X6", al que habían colocado una matrícula que no correspondía a ese vehículo. A continuación, "introdujeron a la víctima en el maletero del coche, lo taparon con una manta, y emprendieron la marcha en dirección a Valencia por la AP-66". En un punto indeterminado del trayecto, cambiaron las placas del BMW y colocaron otra matrícula que tampoco correspondía al vehículo, y se unieron a otro coche, un Dodge Nitro, que a partir de ese momento circuló unos kilómetros por delante del BMW "con el fin de alertar de la posible presencia de controles policiales".

Los dos coches llegaron a una nave en el Polígono de Massanassa, Valencia, donde les esperaba una tercera persona no identificada, que estaba de acuerdo con los procesados y ocultaba su rostro con un pasamontañas. En esa nave dejaron a la víctima "sujeto a una escalera por uno de los grilletes que le habían colocado en los tobillos, y que después sustituyeron por una cadena, y allí le mantuvieron contra su voluntad, permanentemente vigilado por dos de ellos, hasta el día 10 de marzo". Ese día, "ante la presión de las fuerzas y cuerpos de seguridad, le comunicaron que iba a ser liberado". Pero fue "amenazado repetidamente" por el uno de los acusados "con matarle a él y su familia si contaba algo o hablaba con la Policía", lo que provocó a la víctima "un temor tan intenso que le llevó a ocultar determinadas circunstancias relevantes en su primera declaración prestada ante la Guardia Civil tras ser puesto en libertad". Tras darle 150 euros para que pudiera coger un autobús de vuelta a su casa, le pusieron unas bridas en las muñecas y en los tobillos y le introdujeron en el vehículo Dodge, en el que se trasladaron hasta el lugar donde le dejaron en libertad, en las proximidades de la localidad de Caudete, Albacete, sin haber conseguido su propósito de obtener una elevada suma por su rescate.

Antes de la liberación, y siguiendo las indicaciones de los procesados, el hermano de la víctima adquirió un teléfono de la marca BQ con Encrochat (dispositivo de mensajería cifrada) para contactar con ellos. Así, a las 12:25 horas del 7 de marzo, se produjo una comunicación desde un teléfono que los procesados habían activado el día 6, en la que le dijeron que su hermano estaba con ellos y le exigieron 5 millones de euros, a entregar en cuatro días si quería volver a verle. Los procesados le enviaron dos fotografías de la víctima, en las que aparecía encadenado en la nave, para que comprobase que estaba en buenas condiciones físicas. Igualmente, el día 9 de marzo, sobre las 16:00 horas, los procesados citaron a este familia para el día 11 en un hotel de Las Rozas para proceder al pago requerido, cita que no llegó a producirse por haber sido puesto en libertad la víctima con anterioridad.

El acusado responsable de las amenazas fue detenido a las 10:20 horas del 22 de agosto de 2020 cuando conducía el vehículo Dodge por la autovía A-3, en el área de servicio de Las Moratillas, en el punto kilométrico 304. En ese momento se identificó ante los agentes de la Guardia Civil con un permiso de conducir alterado, a nombre de otra persona, en el que figuraba su propia fotografía. Llevaba también oculto en una zapatilla el DNI de otro hombre, identidad con la que había concertado el alquiler de la nave donde estuvo retenida la víctima.

En registro efectuado en el vehículo Dodge se localizó un compartimento oculto en la zona del maletero, en el que se guardaban tres pares de placas de matrículas, así como un juego de grilletes metálicos, un paquete con bridas de plástico, cinco teléfonos móviles, guantes, pasamontañas, gorras, gafas de sol y las llaves de un turismo BMW. Parte de estos efectos fueron utilizados en el secuestro del gijonés.

La víctima sufrió lesiones en las muñecas como consecuencia de la colocación de las esposas cuando fue secuestrado, así como dolor en los hombros con limitación de la movilidad por la postura que le obligaron a mantener en el maletero del coche y mientras permaneció en la nave. Estas lesiones precisaron de una asistencia médica y tardaron en curar 40 días. Como secuela de los hechos, sufre un trastorno de estrés postraumático que afecta moderadamente a su estado de ánimo, con episodios frecuentes de ansiedad.

El titular del vehículo Dodge es de otra persona que no consta lo hubiera cedido a los investigados a sabiendas de que lo iban a utilizar para el secuestro de la víctima. La titularidad real del vehículo BMW modelo X6 no ha podido ser establecida. En cualquier caso, la Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de secuestro, falesas documental, amenazas y lesiones. Para los dos acusados pide la Fiscalía 9 años de prisión y una pena de tres meses de multa, con cuaota diaria de diez euros. Además, al primer acusado, principal responsable del secuestro, pide otros cinco años y, para el otro acusado, otros dos. Es decir, 14 años para uno de los acusados y 11 para el otro.