Moriyón aplaude que Ana González frenara las primas por jubilación frente a Pineda

"La exalcaldesa fue impecable al asegurar que era ilegal", destaca la regidora sobre los 123.000 euros que había validado Hacienda

Pablo Palomo

Pablo Palomo

"Hay que hacer nuevos expedientes desde el recurso de Servicios Humanos porque evidentemente ese dinero no se va a pagar". Así se expresó ayer la alcaldesa, Carmen Moriyón, respecto a los cerca de 123.000 euros (122.997) de primas a la jubilación anticipada cuyo pago frenó su antecesora, la socialista Ana González, en contra del criterio de la por entonces concejala de Hacienda y ahora edil en la oposición, Marina Pineda, por dudas legales respecto a esos pagos, tal y como ayer avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Dichas cantidades corresponderían a 13 funcionarios que se jubilaron entre noviembre y diciembre de 2022 a los que se les notificó que se les iba a pagar.

Moriyón aplaudió la decisión de González al respecto. "Cumplió porque dijo que no podía firmar lo que dice la concejalía de Hacienda al ser ilegal. Tuvo una actuación impecable", desgranó ayer la forista en la sala de prensa del Ayuntamiento, tras ofrecer explicaciones por la crisis del gobierno local tras la expulsión de Vox y el abandono de este partido por parte del concejal Oliver Suárez. "Nos encontramos que, cuando estábamos en campaña electoral, se hacen unos envíos, unas comunicaciones reconociendo esos pagos. Ahora todo entra en una vía administrativa", concretó Moriyón sobre este asunto.

Los "premios" por jubilación anticipada, como matizó la propia Alcaldesa respecto a lo que iban a recibir estos 13 funcionarios, estaban recogidos en el convenio colectivo del Ayuntamiento. Sin embargo, este convenio expiró el 31 de diciembre del año pasado. Dichos premios se pagaron hasta octubre del 2022. Los expedientes de los 13 funcionarios que se jubilaron entre noviembre y diciembre se tramitaron ya este 2023 y se les había notificado que se les iba a abonar las citadas cantidades. Si bien, fue Ana González la que pisó el freno y dicho pago no llegó a ejecutarse. Lo hizo en base a un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias donde se esgrimían sentencias contrarias a este tema emitidas por el Tribunal Supremo.

El actual gobierno local indicó ayer, en palabras de Moriyón, que no va a pagar esas cantidades, pero tampoco podrá disponer de ese dinero. No lo hace en previsión de que pudieran llegar futuras demandas por parte de los afectados. Algún funcionario ya ha consultado las posibilidades legales del tema con los sindicatos. Por otro lado, un informe de la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento emitido el pasado 29 de septiembre, es decir, ya con Moriyón ostentando el bastón de mando, avaló la decisión de la anterior primera edil de no pagar esas cantidades. Se considera que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide el pago de gratificaciones por jubilación a los empleados públicos.

El informe de la FEMP en el que se apoyó Ana González hablaba precisamente de esa postura del máximo órgano judicial español. Dicho informe data del 2022. "Es en 2019 cuando empieza a haber sentencias en contra y la FEMP, a consulta de la anterior alcaldesa, responde que efectivamente esto es ilegal", destacó Moriyón. El asunto va más allá de las gratificaciones a esos 13 jubilados. El informe de Recursos Humanos considera que se impide el pago de las gratificaciones cuando se jubilen otro tipo de funcionarios municipales.

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