Varios funcionarios del Ayuntamiento de Gijón reclaman los pagos de las primas irregulares del PSOE

Los trece funcionarios que estuvieron a punto de recibir primas por jubilación –un trámite que había aprobado Hacienda en el anterior mandato y que frenó la por entonces regidora Ana González, cuyo criterio el actual gobierno mantiene– ya han acudido al Ayuntamiento para reclamar "de palabra", de manera informal, estos pagos. Desde el Consistorio les han invitado a acudir a un juzgado si así lo desean y el gobierno local se mantiene firme en su decisión de no efectuar ese pago.

La polémica sobre estas primas la avanzó LA NUEVA ESPAÑA el pasado octubre, cuando informó de que un informe de la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento había avalado la decisión de Ana González para no abonar primas por jubilación a 13 funcionarios retirados entre noviembre y diciembre de 2022. Esa decisión, que supuso anular un gasto total de 122.997 euros, contravino al criterio de la por entonces edil de Hacienda, la socialista Marina Pineda.

El informe técnico alegaba que la decisión de la exalcaldesa era correcta porque se atenía a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se ha pronunciado en contra de el pago de gratificaciones por jubilación a empleados públicos. El pago de esas primas, no obstante, sí se incluía en el acuerdo colectivo de esa época, que expiró el año pasado, y que establecía el pago de tres mensualidades brutas, pero eran unos pagos que ya iban en contra de las primeras sentencias del Supremo, que se remontan a marzo de 2018. Un informe posterior de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), emitido el año pasado, advirtió de esta jurisprudencia, y eso fue lo que motivó que la exregidora, al negarse a firmar esas actas, evitase que los abonos, que ya se habían notificado a los implicados, no se llegasen a efectuar. Con el cambio de gobierno, la forista Carmen Moriyón y su equipo se muestran de acuerdo con la decisión de Ana González e insisten en que esas primas eran "ilegales".

Los 13 afectados, sin embargo, ya han acudido al Ayuntamiento en las últimas semanas para reprochar estos pagos prometidos, pero no parece que el gobierno vaya a cambiar su postura. Se les ha indicado, de hecho, que si no comparten la decisión pueden acudir a los tribunales. Entienden desde el gobierno local que, con la jurisprudencia del Alto Tribunal, esas quejas no prosperarán de manera alguna.

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