La zona de bajas emisiones de La Calzada se reactiva sin tener la prórroga de la UE concedida

La decisión ya estaba tomada y los trámites en marcha desde hace unas semanas, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, pero será la Junta de Gobierno del próximo martes quien, salvo incidencia de última hora, reactive el proyecto de zona de bajas emisiones (ZBE) de La Calzada con el acto formal de levantamiento de la suspensión que se había decretado sobre los tres contratos que dan sustento a esta actuación que se financia con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El trabajo se reanuda, pero eso no disipa todas las sombras que hay sobre el proyecto, ya que sigue sin haber respuesta a la petición municipal, reiterada en varias ocasiones ante el Ministerio de Transportes y Movilidad, de que se conceda a Gijón una prórroga que permita prolongar la ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de este año.

Una prórroga que se solicitó por primera vez desde el Ayuntamiento, y por doce meses, en noviembre del año pasado. Justo cuando se decidió dejar en suspenso los contratos, que ahora se recuperan pensando tanto en poder tener el trabajo en marcha cuando llegue la resolución de prórroga como en los derechos de las empresas que ganaron las adjudicaciones. Son tres contratos: para el desarrollo del núcleo de control de la zona adjudicado a Estacionamientos y Servicios en 464.000 euros; el contrato para la instalación de sensores de la calidad del aire, sonómetros y calibración de equipos adjudicado a Dnota Medio Ambiente en, 108.000 euros; y el contrato de asesoramiento en ordenanzas municipales, simulaciones y divulgación a la ciudadanía que había recaído en la unión temporal de empresas conformada por Desarrollo, Organización y Movilidad y Antea Iberolatam, por 138.000 euros.

El levantamiento de la suspensión que avalará la Junta de Gobierno conlleva una nueva fecha para que las empresas tengan ejecutados sus trabajos. El nuevo cronograma fecha en el 28 de junio el fin de los trabajos de colocación de la red de sensores, el 30 de noviembre el apoyo al desarrollo de la ordenanza reguladora y el 16 de diciembre el núcleo de control de la ZBE. Se cumpliría así con ese 31 de diciembre que pide el Ayuntamiento como tope para tener todo hecho.

El proyecto de zona de bajas emisiones de La Calzada tiene especial interés porque supone que Gijón pueda cumplir con la normativa vigente que exige la implantación en ciudades de más de 50.000 habitantes de áreas delimitadas con restricciones a la circulación por motivos medioambientales. Pero, además, es que el plan de zona de bajas emisiones de La Calzada –territorio que eligió el anterior equipo de gobierno en base a los especiales problemas de contaminación que sufre el vecindario– es eje central del proyecto con mayor financiación europea de los conseguidos por el Ayuntamiento de Gijón hasta ahora.

A través de los fondos PRTR llegó a la ciudad una subvención de 6,9 millones para un proyecto global de 9,3 millones, que bajo el título "Zona de bajas emisiones de La Calzada e impulso a la movilidad sostenible y saludable de la ciudad de Gijón" ha dado soporte también a la implantación del servicio de bicicletas compartidas, el punto de intermodalidad frente al apeadero de La Calzada, la reconversión del espacio público y de la movilidad dentro de la denominada ecomanzana de La Calzada, la ampliación de la red de carriles bici de la ciudad y proyectos de carriles bus en las avenidas de Pablo Iglesias, de la Costa, Constitución y Oviedo.

Complicaciones

Un proyecto global grande y complejo, tanto en su tramitación administrativa como en la ejecución directa de cada una de las actuaciones que le dan forma. Entre los ejemplos más llamativos están los problemas en los acabados de la obra de Pablo Iglesias o el cambio de empresa al que se ha recurrido para impulsar la obra de la ecomanzana. Según el informe presentado hace unos días en comisión por el responsable de la Dirección General de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad el grado de ejecución presupuestaria global ronda el 30%.

El incumplimiento de cualquiera de los subproyectos podría llevar a que el Ayuntamiento de Gijón tuviera que devolver íntegra la ayuda. Por ello, la preocupación municipal en dar cumplimiento a los requisitos de tiempo que se fijan en cada actuación.

En el caso de la zona de bajas emisiones el actual equipo de gobierno ya tuvo que dar respuesta a finales del año pasado un requerimiento del Defensor del Pueblo. En esa respuesta se enumeraban las "diferentes circunstancias sobrevenidas" que habían impedido tener finiquitada la acción en diciembre de 2023, como era la previsión inicial, pese a haberse lanzado todas las contrataciones necesarias. De hecho, Gijón no es la única ciudad de España que todavía no ha podido cumplir con esa exigencia de la Ley de Cambio Climático.

Suscríbete para seguir leyendo