La apuesta por crear vivienda pública en Gijón pone el foco en el entorno de Naval Azul y la futura estación intermodal

El proyecto de desarrollo urbano alrededor de la construcción de la estación intermodal de Moreda y la regeneración urbanística de El Natahoyo a partir de la operación de Naval Gijón deben incluir la creación de vivienda pública. Un elemento en cuya defensa a nivel local está Izquierda Unida y de la que es partícipe el gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, en manos de Ovidio Zapico, de la misma organización política. "Si no lo hace el Ayuntamiento pensamos que tiene que hacerlo el Principado, y en este sentido hemos pedido un esfuerzo al Gobierno de Asturias para que intervenga en las dos zonas", explica Javier Suárez Llana, líder de IU en el Ayuntamiento de Gijón.

Un esfuerzo cuyo encaje está dispuesto a estudiar la Consejería en base a compartir el modelo de ciudad que se plantea y la preocupación por los problemas de acceso a la vivienda que se dan en la ciudad. En este sentido, como primer paso, la Consejería va a desarrollar un trabajo que analice la situación de la vivienda pública en Gijón, para, a partir de él, definir actuaciones orientadas a intervenir en el mercado a través de la creación de vivienda pública para alquiler a un precio asequible. Aquí tendrían cabida los entornos del plan de vías y Naval Gijón, en los que IU de Gijón quiere poner el foco como espacios en el centro de la ciudad cuya regeneración puede conllevar un proceso de gentrificación que provoque la expulsión de los vecinos de toda la vida para dar paso a otro tipo de población.

Gijón ha mirado a otras ciudades a la hora de buscar inspiración y encontró parte en Barcelona donde, en los últimos años, cualquier proceso de regeneración de una zona urbana degradada que conllevara nueva urbanización tenía la obligación legal de que el 30% de la vivienda construida fuera vivienda pública. En el caso de Gijón se da la circunstancia de que solo un 2% del parque inmobiliario es vivienda pública, lo que contribuye a la subida de precios. Un estudio reciente, precisamente encargado por IU para analizar los problemas de emancipación de los jóvenes, coloca en los 700 euros la mensualidad de un alquiler ahora mismo. Otro elemento importante es la apuesta por un modelo de vivienda pública integrada en la trama urbana, que evite la segregación residencial y contribuya a la cohesión social de la ciudad.

¿Dónde se ubicaría esa vivienda pública en esos dos ámbitos singulares? En el caso de El Natahoyo es evidente que el Plan General de Ordenación eliminó los usos residenciales en el suelo de Naval Gijón para priorizar su uso productivo como enclave para empresas vinculadas a la economía azul. Y en ello se trabaja ya desde el Ayuntamiento a partir de la compra de la parte del suelo que era de la Autoridad Portuaria. Pero al lado está la ciudadela de El Natahoyo y todo un entramado de calles semiabandonadas, que conforman una de las zonas más degradadas de la costa oeste gijonesa, que están abiertas a nuevas construcciones donde habría cabida para una operación de vivienda pública.

No muy lejos está el suelo del plan de vías. IU ha dejado claro que su apuesta para el Solarón es un gran parque público, cuanto más grande mejor. Así que al pensar en crear vivienda pública se piensa en los entornos del Polígono y Moreda, más próximos a la futura estación intermodal. "El propio anteproyecto que el Ministerio plantea para la estación dibuja en el plano del entorno algunas zonas que el Plan General prevé que sean de desarrollo residencial. Algunas son unidades de actuación que son propiedad municipal", recuerda Suárez Llana.

No se plantearía la creación de vivienda pública en el entorno del Solarón. Un entorno donde la concejalía de Urbanismo, liderada por Foro, acaba de plantear la construcción de cinco bloques de hasta 13 alturas que seguirían hacia el oeste la linea marcada por las viviendas ubicadas en la calle Pintor Mariano Moré. Esta propuesta supone rebajar en un 38% las viviendas a construir sobre las 1.208 del plan especial diseñado en 2006 por Jerónimo Junquera. Ahora serían 750 viviendas para dedicar espacio a zona verde.

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