Una zona de bajas emisiones a la gijonesa: todos los detalles de la propuesta para el área de tráfico restringido en La Calzada

El mapa interactivo de zonas de bajas emisiones del Ministerio para la Transición Ecológica coloca a Gijón en el listado de las ciudades que están "en trámite". No es la única. De las algo más de 150 ciudades españolas obligadas a tener una ZBE son casi 120 las que están como Gijón. Ahora mismo solo 23 urbes españolas tienen operativas zonas donde el acceso y el estacionamiento en coche privado están limitados en base a condiciones medioambientales. Gijón, como ciudad de más de 50.000 habitantes, tiene la obligación legal de tener una ZBE y a desarrollar la de La Calzada se acaba de poner manos a la obra el gobierno local tras un parón de meses con la idea de tenerla operativa el año que viene. Ojo, y esa es una de las singularidades de la propuesta gijonesa, operativa pero libre de multas. El compromiso es no empezar a sancionar hasta que no esté disponible el vial de Jove, que ahora mismo es casi como decir dentro de una década. O nunca.

¿Qué es una ZBE? La definición oficial es "ámbito delimitado por una administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente". Esa clasificación es la que se visibiliza a través de las denominadas etiquetas ambientales. Los vehículos de gasolina matriculados antes del 2000 y los de diésel antes de 2006 no tienen derecha a esa etiqueta.

Una obligación legal. Gijón tiene la obligación de implementar una ZBE al tener más de 50.000 habitantes. Así lo fija la ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021. Al año siguiente, un real decreto concretó ese mandato legal. Para empezar, se fija que el proyecto de zona de bajas emisiones debe establecer objetivos cuantificables en cuanto a mejora de calidad del aire, calidad acústica, cambio a modos de transporte más sostenibles y promoción de la eficiencia energética en el uso de los medios de transportes. Objetivos cuyo cumplimiento se debe revisar en tres años. También se debe justificar la delimitación de la zona, evitando que el problema de contaminación pase al barrio vecino, y se plantea la opción de incorporar zonas de especial sensibilidad en entornos escolares, hospitalarios o sociosanitarios.

Gijón se estrena en La Calzada. Fue el anterior gobierno de PSOE e IU quien eligió La Calzada para implantar la primera zona de bajas emisiones de la ciudad atendiendo a los graves problemas de contaminación que se sufren en la zona oeste. El hecho de que el proyecto se presentara a una convocatoria de ayudas europeas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y las consiguiera dentro de un importante paquete de actuaciones en materia de movilidad que afecta a toda la ciudad, ha hecho que el actual gobierno local de Foro y PP se viera en la tesitura de seguir adelante ante la posibilidad de perder toda esa ayuda europea que ronda los 7 millones sobre una inversión total de 9,3 millones.

No confundir con la "ecomanzana". Es cierto que ambas iniciativas comparten territorio en La Calzada y ambas se financian a través de este mismo proyecto europeo pero nada tiene que ver la delimitación de una zona con restricciones al coche con el proyecto, denominado ecomanzana, de reordenar espacios y movilidad convirtiendo en peatonales o plataforma única varias calles.

Un perímetro en proceso de cambio. La propuesta inicial para la ZBE de La Calzada afectaba a 3.960 metros cuadrados. El actual equipo de gobierno impulsó un ajuste que la amplía a 4.591 y matiza sus fronteras aunque el diseño final aún no está finiquitado. La idea es que la zona de control llegue hasta la avenida del Lauredal y la calle Cerillero pero elimine Príncipe de Asturias por no ser vía de titularidad municipal. Además se plantea una ruta que conforman la avenida José Manuel Palacio, calle Agustín Argüelles, plaza de Campomanes y la carretera de Avilés para garantizar un itinerario de salida y entrada al centro de Gijón por el oeste ajeno a las restricciones al tráfico que se puedan imponer.

El soporte tecnológico que le da vida. La zona de bajas emisiones se gestionará a través de una plataforma que no solo controlará los vehículos en base a su matrícula y la autorización de acceso, también podrá gestionar las multas y dar información sobre el grado de ocupación de los aparcamientos o las zonas de carga y descarga. La plataforma recopilará los datos de la veintena de cámaras que controlarán los accesos y las que vayan midiendo los flujos de tráfico pero también los que salgan de los sensores de contaminación atmosférica y acústica. No hay que olvidar que se trata de mejorar la calidad del aire de la zona.

La ordenanza tipo que se gijonesa en los anexos. La regulación de las zonas de bajas emisiones de Gijón se hará en base a una ordenanza que empezará en breve a tramitarse. Se va a seguir el modelo tipo planteado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero gijonesizándola en sus anexos, que es donde se pasa de las definiciones genéricas a las concreciones específicas. Y será en una disposición transitoria donde se establezca ese compromiso de no sancionar hasta que el vial de Jove esté operativo. Ahora mismo, la ley de Tráfico fija en 200 euros la multa por acceder sin permiso a una zona de bajas emisiones.

Sin contaminación no hay restricción. Al margen de los procesos de información pública y tramitación de alegaciones que conlleva elaborar una ordenanza el edil de Tráfico y Movilidad, el forista Pelayo Barcia, adelantaba hace unos días el trabajo de participación en su elaboración que se hará a través del Consejo Sectorial de Movilidad. Claro que también adelantó que hay varios criterios políticos que el gobierno local ya tiene claros y que no se limitan a ese carácter informativo hasta que llegue el vial de Jove. Por ejemplo, que las restricciones nunca serán permanentes, que tendrán diferentes grados y siempre vinculadas a episodios de contaminación. Hay que recordar que la zona oeste tiene su propio protocolo ante episodios de contaminación, que ahora mismo ya define algunos límites al tráfico. Sobre todo al de camiones. También se rechaza establecer opciones alternativas que permitan "saltarse" la zona con dinero. Por ejemplo, eximiendo por el pago de un aparcamiento o un precio público.

Una regulación en función de la persona y no del coche. También defiende Barcia que la propuesta de ZBE gijonesa fijará las condiciones de acceso o no acceso en base a las características del conductor y no al modelo de su coche. Eso se plantea con la intención de favorecer a los residentes, personas que trabajen en la zona o empresas que allí operen aunque tenga vehículos que puedan tener la consideración de más contaminante que otros. Otra de las premisas políticas es mantener el permiso de paso y estacionamiento para los vehículos adquiridos antes de la entrada en vigor de la zona y que pertenezcan a residentes, autónomos o pymes.

¿Y yo cómo me entero de lo que pasa en Gijón? Pues el proyecto que tiene en marcha el Ayuntamiento supone, además de poner paneles informativos en la calle, generar una aplicación móvil que permita recibir información tanto a residentes en La Calzada como a los no residentes. Los turistas podrán descargarse la aplicación para recibir esa información pero también para solicitar un permiso temporal y habrá un apartado específico para transportistas, que podrán consultar en tiempo real como están las zonas de carga y descarga. También podrán acceder a esta aplicación propietarios de alojamientos turísticos y gestores de aparcamientos. De hecho, con los aparcamientos que se integren en esta aplicación se podrían habilitar fórmulas de reserva de plazas.

Con 2025 en el horizonte. Aunque el Ayuntamiento sigue esperando por la notificación oficial de que se le ha concedido la prórroga pedida al Ministerio de Transportes para esta operación los trabajos técnicos que ahora se reanudan acabarán en diciembre. Al tiempo se irán dando pasos en la elaboración de la ordenanza que, en palabras de Barcia, podría tardar unos seis meses. Todo eso lleva a La Calzada a tener operativa su ZBE en 2025. Falta saber si a principios, a mediados o a finales.