La irónica respuesta de Pelayo Barcia a IU tras su aviso de recurrir a los tribunales la zona de bajas emisiones: "Suerte"
El concejal de Movilidad defiende que "la zona de bajas emisiones será lo más laxa posible"
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Pelayo Barcia. / Marcos León
Con un irónico "suerte" remataba ayer el edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, su respuesta al anuncio de IU de que llevará a los tribunales la ordenanza gijonesa que regule la zona de bajas emisiones (ZBE) de La Calzada si no cumple con la normativa estatal. Un incumplimiento que ven en los criterios políticos anunciados por Barcia en cuanto a no utilizar como principal elemento para restringir el acceso a la zona la capacidad contaminante del vehículo. "Su anuncio de llevar a la justicia esta ZBE de La Calzada es tanto como ir a pleito contra ellos mismos. Si consiguen la anulación de la ZBE anularán sus propias decisiones y en eso, evidentemente, no puedo más que desearles lo mejor", indicaba Barcia recordando que fue su antecesor de IU en la concejalía quien promovió una serie de actuaciones en materia de movilidad rechazadas por Foro en la oposición y, algunas como la ordenanza de movilidad, anuladas cuanto llegaron al gobierno.
La obligación legal para Gijón como ciudad de más de 50.000 habitantes de tener una zona de bajas emisiones y el compromiso vinculado a la financiación europea de desarrollar la planificada en La Calzada son los argumentos del actual equipo para desarrollar una iniciativa que no comparten. "La zona de bajas emisiones es en La Calzada por una decisión política, no por un estudio previo que así lo determine. Es más, el esperpento es de tal calibre que, con dichos fondos europeos, a parte de la instrumentación, también hay contratado un estudio para justificar la implantación de la ZBE en la Calzada", sentenciaba el edil forista para quien lo que pretende el actual gobierno de Gijón "como la mayoría de los ayuntamientos es amortiguar la cadena de despropósitos que nos hemos encontrado". Y en base a este escenario el compromiso de Pelayo Barcia es firme: "Estamos atados por las obligaciones que para la ZBE que nos imponen los fondos europeos y el Estado, pero lo haremos de tal manera que su implantación sea lo más laxa y menos perjudicial para, especialmente, quien vive y trabaja en las zonas afectadas".
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