La vivienda se encarece, no sólo la compra sino también el alquiler. El 60-70% de los ingresos netos de un ciudadano van destinados exclusivamente a pagar el alquiler. Además habría que contar con los gastos comunes de cualquier vivienda. También hemos de considerar el 17-20% del salario bruto (dependiendo del caso) que Hacienda recauda cada mes. El político de turno nos dirá que ante el futuro incierto de las pensiones conviene ahorrar, o abrirse un plan de pensiones, la pregunta es ¿con qué dinero?
En España hay empleo precario, cada vez más. Por precario entiendo aquel que no cubre los gastos comunes, que se queda corto, que no te permite compatibilizarlo armónicamente con tu vida familiar. La tasa de desempleo en nuestro país está entre el 13 y 15 %, siendo hasta cuatro puntos mayor en las mujeres respecto a los hombres.
En nuestro país, junto a lo anterior, se han sucedido numerosos casos de corrupción por parte de aquellos que debían velar por el interés general de todos. Una combinación demoledora: crisis económica, empleo precario, encarecimiento de la vivienda y los servicios básicos y, como colofón, una parte de nuestros políticos nos roban. Estamos en época electoral y no nos podemos olvidar de esto último. No podemos olvidar que importantes dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista han robado a la ciudadanía. En el caso del PP, supuestamente amparado por una trama y una estructura interna.
¿Qué han hecho nuestros políticos ante los casos de corrupción? Operativamente nada. Ni al PP ni al PSOE ni al PDCAT ni al PNV, por mencionar algunos, les interesa mover un dedo. ¿Qué se podría hacer? Una de las primeras medidas, quizás la más urgente, es la modernización de la Administración española cuyo punto central radique en la consideración del mérito en la selección de los directivos públicos profesionales. Es muy curioso que en España mientras algunos políticos montaban sus corruptelas y tramas, la Administración permanecía inmutable, silenciosa. Si tenemos en cuenta que los Altos cargos cambian con cada nuevo gobierno, que la mayoría de esos nombramientos son favores personales o partidistas, quizás se entienda mejor ese silencio y connivencia con la corrupción generalizada. A nuestros políticos les interesa que la Administración no se modernice, porque la han utilizado para pagar favores, con dinero público. En España, para ser director de Correos o del CIS no hace falta un currículo brillante, méritos profesionales, sino ser amigo del presidente o del ministro de turno.
Esta situación es muy diferente en otros países. En EE.UU., por ejemplo, ya en los años 70 se generó un movimiento de fuerza que exigía la purificación de la vida administrativa y la profesionalización del sistema de función pública. En época más reciente, tenemos el ejemplo de Chile o de nuestro cercano Portugal, donde un organismo autónomo y neutral (CReSAP) selecciona y evalúa a los Altos Directos Públicos. Su cese no es por una cuestión política como en España, sino por mala gestión o no consecución de objetivos. Nuestro país sigue a la cola. A los políticos no les interesa, y los ciudadanos parece que estamos en un proceso amnésico. De la indignación suave y politizada del 2015, pasamos a un conformismo mortífero y mediocre. Nos da igual los miles de millones que ha supuesto la corrupción política en nuestro país, o que el gobierno aproveche su posición para hacer campaña electoral, o?
Para Aristóteles, las mejores flautas deben ser entregadas a los mejores flautistas. Siguiendo esta idea del filósofo griego, España, su Administración (estatal, autonómica y local) y su modo de hacer en lo cotidiano (empresa privada, ámbito universitario donde se crean plazas a dedo -no por mérito precisamente-,?) tiene que dar un salto de la mediocridad, del amiguismo y el enchufismo, al mérito. Éste es un signo de modernidad, una garantía ética, un baluarte contra la corrupción y una garantía de imparcialidad de los gestores públicos. Para España, además, supone un gran reto. Ya decía el célebre Ortega que el gran fracaso hispánico se debía a ese odio por los mejores y por la escasez de estos. Preferimos al "amigote" antes que al mejor, al brillante, al excelente.
Si España quiere ser competitiva tiene que atender, entre otras cosas, al mérito individual. Los mejores, en los puestos más cualificados. Bien lo saben los jóvenes españoles que están trabajando en Alemania, en EE.UU., en Francia, etcétera. Mientras, en España, hay candidatos a presidente del gobierno con opciones de serlo realmente con títulos académicos dudosos -regalados o inflados-, sin experiencia laboral. Por eso la solución pasa, una vez más, por esos ciudadanos que cada mañana tienen que cumplir objetivos en su trabajo, que estudian para poder promocionar; por esas mujeres con la suficiente valía pero marginadas de los puestos directivos; por esos jóvenes con currículos brillantes que se tienen que ir de un país que no les valora, o por esos otros con perfil técnico y trabajadores a los que no se les ofrece un empleo digno, ni posibilidades de promoción y crecimiento. Hace falta el mismo clamor del "no a la guerra" del 2003 o del movimiento 15-M, para reclamar una profunda reforma de nuestra Administración, en la que nos jugamos ser un país de primera o ser el furgón de cola, una especie de chirigota en la que nos juntamos muchos amigos para vivir del cuento.