El desbarajuste en los criterios para el reparto de subvenciones y la firma de convenios que reina desde siempre en el Ayuntamiento de Gijón podría atenuarse si sale adelante el plan estratégico que prepara la concejala Marina Pineda, a la que nadie le puede negar tesón a la hora de poner algo de orden y concierto en la Casa Consistorial, donde el colapso en los mecanismos de control y la grasa burocrática hacen estragos. El proyecto, abierto aún a las aportaciones de la oposición, viene a cumplir una ley de 2004 que los sucesivos gobiernos locales se han pasado por el arco de triunfo, algún intento frustrado mediante, con una desfachatez muy propia de las administraciones públicas, exigentes a la hora de pedir cumplimientos al ciudadano y laxas consigo mismas. Esta anormalidad, además de generar inseguridad e injusticia, es una imperdonable tomadura de pelo.
