Las crecientes dificultades del sector de la construcción para hacerse con material debido a su repentino encarecimiento y a la falta de suministro se han convertido casi de la noche a la mañana en uno de los mayores rompederos de cabeza para el Ayuntamiento de Gijón. Estas serias dificultades, que obviamente afectan al resto de Asturias y a otras zonas de España, tienen en la ciudad una especial incidencia porque han obligado a retrasar o directamente a aparcar algunas de las actuaciones más significativas del mandato municipal. Las alarmas saltaron cuando, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA a finales de julio, la concejalía de Urbanismo anunció la paralización sine die del llamado plan de barrios degradados, que tenía previsto reformar varios bloques que suman 650 viviendas en mal estado en Contrueces, Portuarios, Tremañes y Monteana. Desde entonces, el reguero de contratiempos no ha hecho más que crecer: la construcción del pozo de tormentas del parque de Hermanos Castro ha sufrido un severo retraso, el plazo para la remodelación de la fuente de la plaza del Carmen ha tenido que ampliarse y al concurso de intervenciones destacadas, como el cambio de la cubierta de El Molinón o la reforma del tránsito de las Ballenas, sólo se ha presentado una firma. Los responsables municipales han respondido de momento con soluciones aisladas. Pero la gravedad de la situación exige idear un plan general, en diálogo con todas las partes afectadas.

La construcción cifra el encarecimiento del material con el que se realizan las obras en un 15 por ciento en apenas medio año debido a múltiples factores que afectan al mercado nacional y al internacional, con incrementos aún más acentuados en algunos casos concretos, como el acero. Unos precios que impiden a las empresas asumir con un mínimo margen de beneficio muchos de los trabajos encargados por los ayuntamientos, con Gijón como punta de lanza en Asturias porque es de largo el concejo con más proyectos sobre la mesa y el que genera un mayor movimiento. Las consecuencias son dos, trascendentes ambas: la paralización de actuaciones importantes para la ciudadanía y un freno a la recuperación económica y del empleo cuando la crisis por la pandemia de coronavirus empieza a aflojar.

Hasta ahora, el área de Urbanismo ha obrado con la mejor voluntad al dilatar los plazos recogidos en los contratos sin aplicar ninguna medida sancionadora, como en el caso de la fuente del Carmen. Pero no parece que esta solución de urgencia bienintencionada sea el remedio a largo plazo. Y tampoco parece razonable incrementar los precios de adjudicación de forma desmedida porque eso implicaría una merma para las arcas públicas inadmisible de acuerdo a los principios que deben guiar la actividad de las administraciones públicas. Al gobierno local no le queda otra, por lo tanto, que dar con una fórmula intermedia si no quiere que esta actividad básica languidezca. Quedarse cruzado de brazos no parece la mejor opción.