Allá por los años 90 del pasado siglo nos dio por la moda de hablar mucho de lo que costaban los medios audiovisuales públicos, sea el estatal o los autonómicos. Todos parecían deficitarios menos uno: el vasco. Todos esos medios tenían la figura jurídica de sociedades mercantiles y, como tales, tenían que rendir unas cuentas anuales. Los medios de financiación eran dos: los ingresos por publicidad y las aportaciones de las diferentes administraciones de las que dependían. A finales de cada ejercicio, la administración correspondiente debía cubrir el déficit para evitar la quiebra de cada una de las entidades televisivas y radiofónicas menos los vascos. Sin embargo tal ente televisivo no costaba menos a los ciudadanos: el truco estribaba en que al inicio de cada ejercicio se hacía un presupuesto realista en el que resultaba ya expresado el resultado real de la explotación del ente, así, no había que hacer derramas extraordinarias porque desde el principio se consideraban ordinarias. Algunos políticos más bobos que la media decían de vez en cuando que a los vascos no les costaba su televisión, cuando en realidad les costaba lo mismo que a los demás. Al ir todos cayendo en la cuenta del método, se dejó de hablar del “milagro” económico de la televisión vasca y muchas CC AA fueron haciendo presupuestos más realistas de las suyas, menos alguna gobernada por cenutrios mayúsculos.
Viene esto a cuento de los transportes públicos de nuestras ciudades: todas subvencionadas de una u otra forma, en régimen de explotación directa o concesional; pero los usuarios no pagan el coste real del servicio con sus billetes porque una buena parte la paga el ayuntamiento correspondiente. En nuestra vapuleada villa marinera, los autobuses públicos son gestionados por una sociedad anónima pública de total propiedad municipal. Todos los años se aprueba el correspondiente presupuesto y cada año ha de aportarse por parte del ayuntamiento a su sociedad dependiente una cantidad extra. ¿Por qué no se incluye el coste real en el presupuesto inicial y así se evita el trago de hablar cada año del “déficit” de nuestro transporte público?
Estamos ante uno de esos misterios de la gestión pública que no tienen sentido. Algún bodoque por la diestra osa decir de vez en cuando que lo ideal sería privatizar la gestión, es decir, darla en régimen de concesión. Bien, pues tenemos el ejemplo de una ciudad vecina un poco más al Sur que así lo hace y también todos los años ha de pagar una subvención a la concesionaria para sostener el servicio, por lo que no se ahorra nada, más al contrario. A alguien se le ha ocurrido la solución mágica: subir el precio del billete. A ver.