La experiencia del espionaje en diversas direcciones, que hemos conocido en las semanas precedentes, es un auténtico fiasco para la seguridad del Estado y para su credibilidad democrática. Incluso la cobertura de legalidad, que a duras penas se ha podido ofrecer parcialmente, encierra importantes interrogantes, que habrá que calibrar con mayor rigor.
Por ello, la destitución de Paz Esteban como directora del CNI está plenamente justificada y lo sería también la de su antecesor, Félix Sanz Roldán, responsable los diez años anteriores del Centro. De este militar de rasgos netamente antidemocráticos, no tengo duda de que está detrás de ese funcionamiento anómalo de un dispositivo tan sensible de nuestra seguridad y de nuestra democracia.
Todo apunta a pensar que existe un segmento incontrolado en el CNI, que va por libre en sus actuaciones, siguiendo criterios sectarios, por encima del gobierno de turno y, en buena medida también de la autoridad judicial. Ya que solo 18 de los 66 casos detectados ha contado con autorización judicial, un tercio aproximado de las personas investigadas. Pero además, ¿el sistema Pegasus, con el que se ha intervenido, realmente está contemplado en la autorización judicial correspondiente? Ya que su tecnología agresiva poco tiene que ver con los métodos clásicos de escuchas, toda vez que controlan la vida íntegra de la persona sometida a esa investigación. Tal elemento ha de aclararse oportunamente, dada su relevancia. Sin entrar en la necesidad hipotética del espionaje en el momento producido, algo claramente impropio, pues mezclar al vicepresidente de la Generalitat con el conflicto callejero existente en octubre de 2019 es una temeridad inaceptable para un servicio mínimamente serio.
Por otro lado, ¿dónde está la autorización de los 48 casos restantes, sobre los que nada se ha podido aportar?
Finalmente, quién ha espiado a los miembros del gobierno afectados: Sánchez, Robles, Marlaska, González Laya, Planas, etc. Si ha sido el propio CNI estamos ante un fenómeno golpista neto. Si ha sido Marruecos, como punto candente de la pasada crisis, estamos ante un verdadero conflicto diplomático agudo, que no puede saldar el Ministro Albares con sus paños calientes en Marraquech.
Todo esto requiere una aclaración ineludible, que difícilmente podrá resolver una investigación interna, en el marco de una Ley de Secretos Oficiales franquista, aunque se haya mejorado la composición de la comisión Parlamentaria, para abrirla a la pluralidad actual del Congreso.
En cualquier caso, la continuidad de Margarita Robles estará pendiente de un hilo, pues su responsabilidad in vigilando ha quedado patente. Lo grave de todo ello es la falta de cultura democrática que subyace de estas situaciones, tanto por las instituciones, como por la población. Ver esto como normal es un verdadero quebranto de la calidad democrática que se espera de un país como el nuestro.
