Es de suponer que el Principado no tendrá la osadía de enrocarse con el documento para poner en marcha el Consejo Asturiano de Cámaras de Comercio, en el que ha introducido sustanciales modificaciones (algunas de dudosa legalidad, según expertos) a la propuesta realizada inicialmente por las tres partes afectadas. Unos cambios a los que se opone Gijón, con más del doble de presupuesto y personal que Oviedo y Avilés juntas, y que esconden los intereses de quienes aspiran a hacerse con el control de todo, empujados por pulsiones fusionistas. Sin consenso, este órgano de nueva creación carecería de sentido. Sin el beneplácito de la entidad encargada del recinto ferial Luis Adaro (gran elemento diferenciador de todo cuanto gestionan las cámaras de la región), nacería muerto.