Editorial: Cumplir los plazos de obra

El calvario padecido durante más de un año por los vecinos, comerciantes y hosteleros de la avenida de Pablo Iglesias (y de casi todos los conductores de la ciudad, en especial los taxistas, al tratarse de una arteria principal) parece que está cerca de llegar a su fin. Una vez más, y la lista es larga, los plazos de obra iniciales para crear un carril bus, reformar la acera y la red de abastecimiento no se han cumplido, ni tan siquiera con las sucesivas prórrogas que se fueron dando. Para colmo, como se ha ido publicando en estas páginas a lo largo de las últimas semanas, el resultado deja mucho que desear a tenor de las valoraciones ciudadanas y municipales. ¿Tan difícil resulta cumplir los plazos o no excederse del presupuesto? ¿No se puede saber de antemano que hay riesgo de complicaciones? Cuando sistemáticamente hay problemas en la renovación de espacios públicos algo tiene que estar fallando.

Ese suplicio reciente en la avenida de Pablo Iglesias (el contador de multa diaria empezó a contar el pasado día 17) lo conocen bien los vecinos de El Coto. La reforma de la calle Calderón de la Barca, licitada, como en el primer caso, durante el mandato anterior, comenzó a finales de 2021. Los retrasos comenzaron a sucederse muy pronto, agravados por la crisis de materiales y la huelga de transportistas del año siguiente. La situación, para hartazgo vecinal, se agravó y finalmente el gobierno local de entonces opto por rescindir el contrato con la constructora. Las labores se retomaron en verano y finalmente concluyeron en febrero de este año. Después de más de dos años. También se prorrogó varias veces la reorganización del tráfico en la avenida de la Costa, a la altura de la plaza de Europa. Historia similar sufrieron en la calle Río Eo, que empezaron a trabajar en julio de 2022 con un plazo de nueves meses y que en julio del año siguiente veían cómo todavía se estaba pidiendo un modificado para ampliar el plazo. Y las obras de la ecomanzana de La Calzada tampoco han corrido mejor fortuna que los ejemplos anteriores. El pasado mes de enero, un año después de que se firmase el inicio de los trabajos (dieron comienzo en marzo con un plazo de año y medio y 2,2 millones de coste) la Junta de Gobierno aceptaba la petición de acometer una modificación del plan de obras que implicaba ampliar en cinco meses el plazo de ejecución del proyecto y en cerca de 500.000 euros su coste total.

Detrás de estas obras tortuosas se esconde el padecimiento de muchos gijoneses que ven trastocado su trabajo y su rutina. Por mucho que luego la zona quede muy guapa. Entretanto, ya el nuevo gobierno local anunció que de ahora en adelante pactarán con los comerciantes el desarrollo de las obras para minimizar el impacto. Incluso, se abrió la puerta a destinar ayudas económicas a los afectados con el dinero de las empresas adjudicatarias que incumplan la hoja de ruta prevista. Quizás, en lugar de sanciones a posteriori, el objetivo debería ser el de asegurarse que cumplan con los plazos. Cuando la excusa de fuerza mayor se repite constantemente, el problema ya es de gestión.

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