Control previo en frontera, solidaridad a la carta y expulsiones más rápidas: las claves del pacto migratorio de la UE

En seis meses, entre el 6 y 9 de junio de 2024, más de 450 millones de ciudadanos europeos están llamados a las urnas y una de las políticas que los electores mirarán con lupa será la de asilo e inmigración. "Cuando en 2019 fuimos a las elecciones era la principal preocupación y no teníamos una respuesta", ha reconocido este miércoles la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Cinco años después, Consejo y Eurocámara han logrado tejer un acuerdo que "aunque no es perfecto" ni "ofrece soluciones a todos los problemas complejos" es "mucho mejor de lo que teníamos antes" y "probablemente el acuerdo legislativo más importante de este mandato", ha añadido.

La última etapa, antes de que reglamentos y directivas sean de obligado cumplimiento para los Veintisiete, será lograr el aval del pleno del Parlamento Europeo y una mayoría cualificada en el Consejo -Hungría y Eslovaquia ya han anunciado este miércoles su rechazo- durante los primeros meses de 2024 de forma que pueda cerrarse definitivamente antes de las próximas elecciones europeas y evitar que sea de nuevo utilizado como arma arrojadiza por la extrema derecha en campaña. Esto son los cinco pilares del nuevo sistema.

La UE cierra un acuerdo sobre el pacto de migración y asilo que endurece las condiciones

Control previo en frontera

El sistema incluye un nuevo procedimiento acelerado de las personas que lleguen. Se aplicará a todos los que no cumplan las condiciones para entrar en la UE, que hayan sido detenidas entrando de forma irregular fuera de los pasos fronterizos o desembarcando tras una operación de búsqueda y salvamento, o que hayan solicitado protección internacional en una frontera. Durará como máximo siete días y servirá para verificar la identidad, tomar huellas dactilares y fotografía además de realizar un control de salud, seguridad y vulnerabilidad, con salvaguardas para los menores que tendrán derecho a un representante y un mecanismo de seguimiento de los derechos fundamentales para proteger a las personas sometidas a examen.

Los Estados miembros tendrán que establecer "centros de recepción" donde realizar el examen que se ubicarán en las fronteras exteriores o en sus proximidades, así como en otros lugares dentro del territorio. Bruselas niega que vayan a ser "nuevas Morias", en alusión al campo de refugiados de Lesbos abarrotado de solicitantes de asilo y arrasado por el fuego en 2020. "Estamos estableciendo condiciones de recepción adecuadas, con muchas salvaguardas para los individuos, acceso a procedimientos de asilo, y garantías para asegurar que no están superpoblados y un sistema de solidaridad obligatorio", ha asegurado la comisaria de interior, Ylva Johannson.

Datos desde los 6 años de edad

La reforma permitirá actualizar la base de datos a gran escala que ya existe desde el año 2003 y a la que tienen acceso los Veintisiete, Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Fue creada para aplicar el reglamento de Dublín, el mecanismo que establece los criterios para determinar qué país es el responsable de examinar una solicitud de asilo y que fija como norma el de primera entrada. El acuerdo amplía la base de datos, introduce nuevas categorías y mejora la forma de recabar los datos al pasar de solicitudes individuales a un recuento por solicitante para dotar a la UE de un sistema de identificación más eficaz. La idea es tener "una foto más clara" de quien está en Europa y quien ha pedido asilo aunque lo haya hecho en otro país. Por ejemplo, el umbral para recopilar datos --imagen facial, huellas, nombre, apellido, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento así como órdenes de expulsión o reubicación-- se rebajará de los 14 a los 6 años. Según la Eurocámara, con esto facilitará la identificación de menores no acompañados que puedan fugarse de instituciones de acogida o servicios sociales infantiles.

Procedimientos comunes más eficaces

La reforma establece un procedimiento más eficaz y acelerado, con un límite de seis meses para una primera decisión. La idea es garantizar que los recursos se concentran en los casos de personas susceptibles de recibir la protección internacional y evitar al mismo tiempo la saturación del sistema con peticiones que no tienen base para prosperar. Esta vía rápida entraría en juego una vez concluido el 'screening' previo y establece la posibilidad de aplicar procedimientos acelerados en las fronteras de hasta 12 semanas (más otras 12 semanas para completar la expulsión) para las personas consideradas peligrosas para la seguridad nacional o el orden público, o si el solicitante ha engañado a las autoridades presentando información falsa de identidad o nacionalidad, así como para aquellos procedentes de países con tasas de reconocimiento de asilo inferiores al 20% siempre estarán sujetos al procedimiento de asilo fronterizo inmediatamente después de la inspección.

La Eurocámara ha logrado que los menores no acompañados queden exentos del procedimiento fronterizo, a menos que representen un riesgo. No será el caso de las familias con menores, aunque no serán "prioridad", y la Comisión podrá recomendar la suspensión de los mismos si no se dan las condiciones de acogida adecuadas. El sistema incluye la obligación de ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a los solicitantes en todos los procedimientos administrativos y salvaguardas para garantizar que los Estados miembros disponen de una capacidad adecuada de acogida. "Cuando se alcance la capacidad máxima, los solicitantes de asilo serán remitidos al procedimiento de asilo ordinario para evitar el hacinamiento", señala el acuerdo.

Solidaridad obligatoria "a la carta"

Según el pacto, todos los Estados miembros tendrán que contribuir a ayudar a los países de la UE bajo presión migratoria. En vez de cuotas obligatorias por país, como querían los países de primera línea en el Mediterráneo, se establece una "solidaridad" a la carta con tres opciones: reubicar solicitantes de asilo --el objetivo es redistribuir a 30.000 al año--, pagar una contribución de 20.000 euros por persona que rechacen reubicar o con algún tipo de aportación para financiar personal, instalaciones o equipamientos técnicos.

Cada año se crearán un fondo de solidaridad al que contribuir. Los países bajo presión notificarán al Consejo y Comisión su intención de utilizar el fondo. Las personas que soliciten protección no podrán elegir el país que quieren que examine su solicitud o a qué país quieren ser reubicados, y las reglas incluyen criterios adicionales para decidir qué país es responsable como diplomas obtenidos en un Estado miembro, relaciones significativas existentes y conocimiento del idioma.

Respuesta ante situaciones de crisis

Es la regla que se aplicará ante situaciones excepcionales, cuanto la presión migratoria repunte ante una llegada masiva como se vivió en la crisis de 2015, y el sistema de asilo se vea afectado por una crisis o fuerza mayor. En estas circunstancias, las autoridades nacionales podrán echar mano de un mecanismo de emergencia con el que lidiar con una afluencia excepcional que llegue por tierra, mar o aire, incluidas las personas desembarcadas en operaciones de búsqueda y salvamento.

Las normas también cubren la instrumentalización de los inmigrantes, es decir, cuando estos son utilizados por terceros países o agentes no estatales hostiles para desestabilizar la UE, y prevén una posible excepción temporal a los procedimientos de asilo estándar. Por ejemplo, en situaciones de crisis el registro de las solicitudes podrá prolongarse hasta 10 días y el procedimiento fronterizo se extenderá seis semanas más cada uno. En situaciones de afluencia masiva, el umbral del procedimiento fronterizo se aplicará a los solicitantes con una tasa de reconocimiento de hasta el 50%, mientras que en situaciones de instrumentalización, el procedimiento fronterizo se aplicará a todas las llegadas.

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