Tiempo de reconquista

Sí hay un acuerdo tácito, a todos los niveles, con respecto a un punto: el parque es la gallina de los huevos de oro como destino turístico. Dos millones de personas lo visitan cada año. Y las tres comunidades autónomas, los ayuntamientos implicados, los empresarios locales, todos quieren exprimirlo, sin tener en cuenta (o solo como nota al margen) las repercusiones en sus extraordinarios valores naturales. Esta orientación productivista, que tiende a excluir las limitaciones y los obstáculos a su rendimiento (el lobo, las zonas de uso restringido, las prohibiciones de determinados usos o prácticas) no es, en absoluto, una novedad en los Picos de Europa, aunque sí se ha acentuado peligrosamente en las últimas décadas, más o menos desde la ampliación de 1995, al tiempo que los conflictos inherentes al Parque Nacional se han profundizado y extremado.

Conviene hacer un poco de historia para entender cómo se ha llegado a este punto de máxima tensión y mínima convicción (sobre la naturaleza y la utilidad de la figura de parque nacional) que presenta un parque nacional virtualmente desmantelado, estrangulado por su (des)gobierno tricéfalo. La idea fundacional de los parques nacionales era preservar espacios naturales singulares por su paisaje y/o su riqueza biológica, representativos de una región biogeográfica y/o particularmente bien conservados. Paralelamente, se presentaban como "aulas" en las que era posible ejercer una labor educativa. En ambas facetas queda implícito el concurso de unos actores humanos que se acercan a los parques para contemplarlos, lo que conlleva la dotación de unas facilidades de acceso y de estancia, es decir, la promoción de un cierto desarrollo turístico. Este planteamiento se originó en Norteamérica, donde se protegieron como parques nacionales territorios despoblados y sin aprovechamiento; este es el primer problema de la traslación de esta figura a la humanizada Europa, donde los espacios a proteger incluían inevitablemente propiedades estatales, comunales o privadas. Este hecho, y la preocupación por las complicaciones que se podían suscitar, ya estuvieron presentes en el debate de la propia Ley de Parques Nacionales en 1916.

Así, para adaptar la figura americana de parque nacional a la realidad española se introdujo el sesgo de que estos espacios no debían ser ajenos a las comarcas y pueblos afectados; más aún, se recogió la conveniencia de potenciar en ellos determinados usos tradicionales. Ese punto representa la introducción del concepto de desarrollo sostenible, cuyo objetivo es equilibrar la conservación de la naturaleza con el bienestar social y económico de los habitantes del área de influencia del espacio protegido. Y aquí es donde entra en juego el turismo, como activo esencial de ese modelo socioeconómico, y, con él, la dotación de servicios y de infraestructuras. El riesgo y el problema de esta propuesta es que debe fijarse un límite al desarrollo; por eso fracasa, porque nadie está dispuesto a marcar un techo o, al menos, a situarlo donde los criterios de conservación, de sostenibilidad real, aconsejan hacerlo. Hay demasiada presión de los intereses económicos, especialmente cuando el turismo es la única actividad viable, o la más productiva, y lo es, además, en comarcas en crisis.

Desde el origen del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, e incluso antes, esa presión se polariza en dos puntos: Liébana (Cantabria), en la vertiente sur, y el eje Cangas de Onís-Covadonga-Lagos, en la norte. Ambas entradas a los Picos datan de la segunda mitad del siglo XIX: la carretera de los Lagos, hasta la vega de Comeya, se abrió en 1855, y la de Potes a Camaleño, en 1863. Sin embargo, si se exceptúan las cacerías reales, desarrolladas a partir de 1882, estas dos vías de penetración no comenzaron a promocionar de forma efectiva el turismo en los Picos hasta las dos primeras décadas del siglo XX, con la aparición de "ganchos" como la Basílica de Covadonga (1901), el Gran Hotel Pelayo (1910), la Sociedad Montañera Picos de Europa (1912), con sede en Potes y una de las primeras de España, y la apertura del refugio de Áliva (1916). Acuden montañeros, alpinistas, cazadores... un turismo de escasa entidad y de bajo impacto, que no modifica de forma sensible la economía de la comarca.

Las cosas empiezan a cambiar en la década de 1960, con la fuerte promoción turística desarrollada por el Estado, que se hizo notar, sobre todo, en la vertiente cántabra, donde se lleva la carretera nacional hasta Fuente Dé (1963-1964) y se inauguran, en esa misma localidad, el Parador Nacional y el teleférico (ambos en 1966), que se convierten de inmediato en canalizadores de la demanda turística en los Picos. Las gestas montañeras en el Urriellu en los años setenta otorgan protagonismo a la vertiente septentrional del macizo, a Cabrales, pero la balanza sigue inclinada del lado de Liébana.

La década de los setenta también trajo el conflicto a estas montañas o, para ser más exactos, su amplificación y su enquistamiento, pues desde entonces no ha habido paz en los Picos de Europa. La espoleta fue la Ley 15/1975 de Espacios Naturales Protegidos, que obligaba al Parque Nacional a modificar su funcionamiento interno, lo que se vio como una limitación al desarrollo turístico y suscitó una fuerte contestación social, desde el momento en el que Liébana se había convertido en el referente de lo que se quería hacer para sacarle provecho al parque: abrir nuevas carreteras y pistas, instalar teleféricos, ampliar la red de alojamientos... Se dibuja un nuevo frente en el conflicto: ya no se trata solo de la oposición entre usos tradicionales y conservación, también entra en juego el turismo de masas.

La vocación turística del Parque Nacional crece en los años ochenta por el hundimiento de las actividades económicas tradicionales en toda la comarca. Parece el único camino de futuro. Pero no tal como se estaba prefigurando: un estudio de la Secretaría General de Turismo dictamina que el atractivo de los Picos de Europa no radica en su oferta real o potencial de infraestructuras y servicios, sino en su paisaje, en su naturaleza, en su estado de conservación, unos valores cuyo mantenimiento choca con los proyectos de carreteras, teleféricos y hoteles pensados para un turismo multitudinario. En aquel momento, se hizo caso de la recomendación implícita en esas conclusiones y muchas de las previstas infraestructuras (todos los teleféricos, por ejemplo) nunca salieron del cajón. No obstante, esa prudencia duró poco: a partir de la ampliación del parque a todo el macizo, en 1995, se ha vuelto a un modelo de desarrollo turístico insostenible, con una presión creciente sobre la naturaleza (hay puntos claramente masificados: los Lagos de Covadonga, la Garganta del Cares y Fuente Dé), al tiempo que aumentó la animadversión hacia el espacio protegido por la mala gestión de la transferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas, resuelta más adelante, pero sin el esperado y deseable resultado de una cogestión coordinada y unitaria, que es lo que precisa el Parque Nacional para seguir vivo.