Sotrondio, L. M. D.

La plantilla de Venturo XXI, que desde el lunes mantiene un encierro como protesta por la crítica situación que atraviesa la empresa, respaldó ayer la propuesta del PP de formar una comisión de investigación en la Junta General del Principado para «depurar responsabilidades». Eso sí, los trabajadores tienen claro que «ahora lo más urgente es encontrar unos inversores» que den continuidad «a la actividad de la compañía». Desde el comité de empresa pusieron como plazo máximo «un mes» para que se produzca esta inyección de capital, ya que a partir de entonces «el juez podría resolver la disolución de la empresa», que ahora se encuentra en pleno concurso de acreedores.

Miguel Fernández, secretario del comité de empresa de Venturo XXI, indicó ayer que el sentir de la plantilla respecto a la comisión de investigación que ha solicitado el PP es «de apoyo», pero «sin perder la perspectiva de lo que está ocurriendo». Fernández subrayó que «lo más importante ahora es el mantenimiento de los 73 empleos» y para lograrlo «confiamos en que el Gobierno regional, tal y como le reclamaron los grupos políticos de la Junta del Principado, esté haciendo todo lo posible para lograrlo».

En un segundo plano los trabajadores dejan «la búsqueda de responsables» por lo ocurrido en la empresa. «Es obvio que en la gestión de la compañía se hicieron cosas extrañas, operaciones, como la compra de la sede por un valor muy inferior a la tasación que no conocíamos», afirmó el secretario del comité, pero «hay que dejar claro que ahora, más que la polémica política, lo que necesitamos es que se busquen soluciones».

Fernández, además, instó al Gobierno regional a encontrar «una salida que dé vida a la empresa cuanto antes». La plantilla considera que hay, como máximo, un plazo de un mes para conseguir esta inyección de capital. «Estamos en concurso de acreedores, concluirá en dos semanas. Después, el administrador tendrá que presentar un informe ante el Juzgado de lo Mercantil, y éste debe decidir sobre la continuidad de la empresa. Tenemos además un expediente de regulación de 67 de los 73 trabajadores sobre la mesa. En un mes, aproximadamente, se decide todo, y lo que queremos es que los puestos de trabajo se mantengan».