Uno de los grandes emblemas de la reconversión industrial en las Cuencas, del "carbón y el ratón", Venturo XXI, cumple cinco años completamente cerrada. Un lustro después de su clausura, las instalaciones de la Güeria Carrocera, ahora propiedad de un banco, no tienen perspectiva de acoger una nueva actividad en el futuro. La empresa llegó a tener más de un centenar de trabajadores y la forma en la que se le concedieron las subvenciones, la gestión que se hizo de ellas y su posterior cierre, junto con las movilizaciones de la plantilla, generaron una gran polémica a nivel regional.
La empresa Venturo XXI estuvo mal planificada desde su constitución en 2005. Así lo certificó el administrador concursal en todos sus informes. La compañía, que se dedicaba a la cartografía, fue creada por los empresarios extremeños Manuel y José Antonio Coronado (con el 51% del capital). Para su puesta en funcionamiento contaron con todo el apoyo posible: la Sociedad Regional de Promoción (SRP) puso el 21% del capital; Sadim Inversiones (filial de Hunosa) otro 21% y Sodeco (Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras), el 7% restante. Dispuso además con una ayuda de 1,1 millones de euros de los fondos mineros y "créditos blandos" por valor de otros dos millones. En la inauguración de las instalaciones del pozo Venturo, en julio de 2006, se reunió la plana mayor de la política regional de la época: el expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces; el Consejero de Industria Graciano Torre; el exdiputado Benigno Enríquez; o el expresidente de Hunosa, Juan Ramón García Secades.
Todo el bombo que pretendía darse a la empresa no era, sin embargo, más que humo o cartón piedra. La compañía llegó a tener un pico de actividad en el que tuvo contratadas a 124 personas. Unos contratos incentivados por las subvenciones públicas, que sin embargo tapaban la insuficiente carga de trabajo con la que contaba la compañía cartográfica. En 2008, los empresarios encargaron una tasación de las instalaciones que ocupaba la empresa. Habían sido arregladas con 1,8 millones de euros de dinero público y la tasación arrojó un valor de 3,5 millones de euros. Los extremeños ejercitaron una opción de compra que tenían firmada por valor de 360.000 euros más IVA (382.500 euros en total). De esta forma, pagaron 3,1 millones menos de su valor de tasación. Ya entonces este "pelotazo" fue criticado por los trabajadores, que denunciaban que se realizaba este desembolso cuando la empresa tenía pérdidas desde el primer ejercicio.
La gestión, sin embargo, no mejoró. La empresa, que seguía perdiendo dinero, lo que hizo que redujesen su capital de 2,5 a 1,2 millones, y rebajase la plantilla de 124 a 73 trabajadores: el mínimo establecido para no tener que devolver las subvenciones de los fondos mineros. Ya a principios de 2009 llega el primer expediente de regulación de empleo (ERE) temporal, en noviembre de ese año los retrasos en las nóminas, y en enero de 2010, una reducción drástica de capital: de 1,2 millones a 103.840 euros. La empresa, constituida con todas las facilidades, ya agonizaba.
En abril de 2010 la compañía entró en concurso de acreedores, y poco después despidió a toda su plantilla, que realizó todo tipo de acciones de protesta: largos encierros, manifestaciones, marchas por Asturias... Muy nombrados fueron entonces dos nombres propios: Víctor González Marroquín, que era responsable de la SRP y del Idepa (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias), que apostó por traer a los hermanos Coronado a Asturias y por otorgarles ayudas, y el de su esposa, Paloma Sainz, que cuando fue directora general de Formación Profesional del Principado facilitó las ayudas a la contratación en Venturo XXI. Unas subvenciones que, vistos posteriormente los informes del administrador concursal y del juzgado, ayudaron a "sobredimensionar" la cartográfica y a transformarla en un monstruo acaparador de ayudas que, sin embargo, no podía funcionar por sí mismo.
Ante la presión social y de los trabajadores, el Principado trató de encontrar algún inversor que quisiese hacerse cargo de la compañía. Pero la suerte ya estaba echada y las pérdidas y las hipotecas que pesaban sobre las instalaciones frenaron la llegada de empresarios interesados en reflotarla. Cuando cerró, Venturo XXI tenía una deuda de 5,1 millones de euros. El juzgado que llevó el concurso de acreedores quiso reducir deuda vendiendo las instalaciones y los bienes de la empresa, pero no hubo compradores. Así, se quedo con todo ello el Banco Popular, el principal acreedor de Venturo XXI. Esta entidad había hipotecado en tres ocasiones los inmuebles, por un valor de 1,39 millones.
Algunos acreedores de la empresa quisieron además dar la batalla e intentar recuperar el dinero que les debía la empresa. Llegaron a llevar a los tribunales a los hermanos Coronado, a Marroquín y a los responsables de Sadim. La Fiscalía llegó a calificar como "culpable" -es decir, halló irregularidades- en el proceso que llevó a la quiebra a Venturo XXI. Sin embargo, el juez de lo Mercantil no respaldó estas posiciones y exculpó a los empresarios del cierre, pese a todas las voces contrarias que el caso se cerrase de esta forma. En un intento desesperado, el Principado llegó en 2012 a presentar una denuncia a los empresarios extremeños para intentar embargar sus bienes.
Cinco años después de su cierre, las repercusiones del caso Venturo XXI, que acabó coincidiendo en el tiempo con otros derrumbes empresariales de la reactivación económica, como Alas Aluminium (ya en actividad tras su venta) y Diasa, fueron importantes. Los sistemas de concesión de ayudas públicas han cambiado y se han blindado para evitar a los "cazasubvenciones", como llegaron a calificar en distintas ocasiones a Manuel y José Antonio Coronado.
El mal uso de algunas de estas ayudas también generó un gran debate político y en la población acabó calando una idea: se había dilapidado el dinero público. Finalmente, los más afectados acabaron siendo los trabajadores. Tras encontrar un empleo teóricamente con futuro, en el sector del I+D+i (innovación, desarrollo e investigación), y tras una lucha de varios meses, tuvieron que renunciar a su trabajo y volver a empezar.
