Finalmente no fue posible alcanzar un acuerdo entre las partes implicadas, así que el Ayuntamiento de Castropol se ha visto obligado a cumplir la orden del juez y a poner en marcha el derribo de una vivienda de Figueras a la que dio licencia en el año 2003. Las obras de demolición, que debe pagar el Consistorio, supondrán un desembolso de algo más de 14.000 euros.
El ovetense Sergio Estrada inició las obras de su casa en el año 2003, tras recibir el visto bueno municipal, pero un año después fue denunciado por el político Antonio Masip, que detectó una posible infracción urbanística. La justicia le dio la razón al entender que el Ayuntamiento había cometido un error al dar licencia a una vivienda en suelo urbano no consolidado y condenó al Consistorio a demoler la vivienda.
El derribo se retrasó casi un mes según la fecha fijada por el juez, ya que las partes implicadas trataron de llegar a un acuerdo. "Negociamos hasta el último día. Estamos hechos polvo", declararon ayer los dueños de la casa, que se sienten víctimas de este proceso y dejan claro que en todo momento actuaron "conforme a la ley". Lo previsible es que ahora reclamen una indemnización al Consistorio por perder su casa.
Para legalizar la vivienda era necesaria una unidad de actuación, que está aprobada desde 2013 pero pendiente de desarrollar. Con ella se podría volver a construir en la misma parcela. De ahí que el regidor castropolense, José Ángel Pérez, no comparta la orden judicial que finalmente ha tenido que cumplir. Los trabajos de derribo comenzaron ayer y tratan de aprovechar elementos como ventanas o baños.
