La Fiscalía del Principado de Asturias solicita el pago de una multa de 20 millones de euros a la mercantil que explota la mina de oro de Belmonte de Miranda por la contaminación de las aguas del río Cauxa, afluente del Narcea, como consecuencia de vertidos no autorizados de selenio y arsénico, entre otros. Los vertidos se habrían hecho desde tres puntos de las instalaciones mineras de El Valle-Boinás, generando unos daños ambientales que han sido cuantificados en poco más de cinco millones de euros, cantidad que reclama la Fiscalía en calidad de indemnización para el Estado.
La acusación, por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, va dirigida contra la mercantil Kinbauri España SL (actualmente Orovalle Minerals SL). Aparte de la indemnización por los daños causados al dominio público hidráulico desde el 15 de abril de 2015 hasta el 25 de octubre de 2017, la Fiscalía pide la suspensión de la actividad hasta que se acredite el cese de las acciones contaminantes, por un periodo no superior a 5 años. La vista oral está señalada a partir del lunes, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo. La mina de Boinás ya fue multada en 2014 con 84.000 euros por verter sustancias peligrosas al río Cauxa, en concreto cianuro.
En su escrito de conclusiones provisionales, fechado en febrero de 2020, el Ministerio Fiscal sostiene que la masa de agua que conforma el Río Cauxa, a su paso por la zona de influencia de las instalaciones mineras que se desarrollan al menos desde el año 2005 en El Valle-Boinás, “soporta la emisión de una serie de vertidos de sustancias catalogadas como peligrosas y que no se encuentran amparadas en ninguna autorización de vertido”.
La descripción que hace Fiscalía es que el 19 de noviembre de 2012, la Guardería Fluvial solicitó el seguimiento de los vertidos de Kinbauri, resultando que la concentración de selenio superaba la norma de calidad ambiental en 39 ocasiones de las 50 analizadas. Añade que no se trataba de una circunstancia ocasional, sino que se mantenía en el tiempo durante la época de aguas altas, incumpliendo continuadamente la Autorización Ambiental Integrada. El 12 de marzo de 2013 se procedió a una nueva solicitud de toma de muestras mensuales, resultando valores superiores para cobre, cadmio, cianuros, arsénico y, en particular, selenio. En el periodo comprendido entre el 29 de mayo y el 26 de agosto de 2014, los valores de selenio, cobre y arsénico, y, en menor medida, los de cadmio y níquel, sobrepasaron los límites contenidos en la autorización vigente, de fecha 29 de abril de 2008.
Todos los resultados analíticos obtenidos entre abril de 2015 y septiembre de 2016, añade la Fiscalía, constatan que las aguas de río Cauxa, aguas debajo de los vertidos de la mina, incumplen la norma de calidad ambiental del selenio establecida para las sustancias peligrosas. Los tres vertidos de la empresa contienen selenio habitualmente, sin que dispongan de autorización para ello.
Dice la Fiscalía asturiana que “el conjunto de los vertidos de la mina aportan una carga contaminante anual de selenio cuatro veces superior a la que podría soportar el río Cauxa para cumplir la norma de calidad ambiental. En cuanto al arsénico, las condiciones medidas en los vertidos sobrepasan, en algunas ocasiones, los límites que podrían ser autorizados, con unos valores tales que el conjunto de los vertidos de la mina aportan una carga contaminante anual de arsénico superior al doble de la que podría admitir el río. Se han detectado además valores de sustancias (habitualmente selenio, arsénico y cobre y, ocasionalmente, cadmio, níquel y cianuros) peligrosas.
Estas sustancias, sostiene la Fiscalía, “provienen de forma inequívoca de la actividad minera que, desde el año 2007, está desarrollando Kinbauri España SL”. Esta conocía plenamente, dice el ministerio público, esas emisiones, no autorizadas y contrarias a la normativa administrativa, tanto por sus informes internos como por comunicaciones de la Confederación Hidrográfica, que ha instruido tres expedientes a la mercantil. Los dos primeros finalizaron con resoluciones sancionadoras. El tercero se encuentra suspendido por prejudicialidad penal.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. Y solicita que se imponga a la acusada la pena de multa por importe de 20.000.000 de euros y suspensión de la actividad hasta que acredite el cese de las acciones contaminantes y por un periodo no superior a 5 años. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que Kimbauri España SL y su único socio, Kinbauri Gold Corporation (actualmente Orovalle Minerals SL y su único socio, Orovana Minerals Asturias CORP) indemnicen al Estado con 5.158.548,88 euros por los daños causados.
Orovalle, con motivo del inicio del juicio, indicó. a través de una nota de prensa, que la empresa “ha acreditado que no se ha producido ningún daño medioambiental y defiende y confía en su libre absolución, considerando la solidez de los argumentos jurídicos y pruebas presentadas”. Fue el Juzgado de Grado quien determinó, en el año 2015, el inicio de la fase de instrucción de un procedimiento contra Orovalle Minerals S. L. (“Orovalle”) por un presunto incumplimiento medioambiental imprudente, vinculado a vertidos.
Finalizada la fase de instrucción, se decretó la apertura del juicio oral y este lunes se inicia la vista oral en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo. La Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y Metalúrgica concedió a Orovalle su “Premio a la Innovación 2016” por el plan de restauración medioambiental 2014-2023 diseñado por la empresa, filial de la canadiense Orvana y titular de una explotación aurífera en Belmonte de Miranda.