El Ayuntamiento de Degaña acogió esta mañana el pleno en recuerdo del trágico asesinato de la vecina Sheila Barrero Fernández, en el día en que se cumplen 18 años de su ausencia. El Alcalde, Óscar Ancares, leyó una declaración institucional en la que dejó constar el respaldo del consistorio a la familia de Sheila, a la que acompañan en su “profundo dolor” y en su “incansable lucha por conseguir encontrar a los culpables”. Porque todo el pueblo se niega a olvidar a la joven y su vil asesinato.
“Nos vemos en la necesidad, una vez más, de reunirnos en esta casa consistorial los grupos políticos con representación municipal con el fin de expresar institucionalmente nuestro apoyo a la familia, profundo respeto y comprensión, deseando que al fin encuentren paz y puedan cerrar un capítulo, personal y judicial, que ya va durando demasiado”, indicaba el escrito, que fue leído primero en el salón de plenos y, después, en la concentración silenciosa celebrada a las puertas del consistorio. Al acto acudieron alrededor de un centenar de personas, que quisieron dar su apoyo y calor a la familia en un día siempre difícil.
Del crimen de Sheila Barrero han pasado 18 años sin que el sistema policial y judicial haya sido capaz de dar con el autor que acabó a sangre fría con la vida de una joven en la plenitud de la vida; ni se ha podido dar respuestas a la familia de la joven, que ya se teme lo peor. “Este asesinato va a quedar sin resolver, salvo que haya un milagro divino”, declaraba hace unos días a LA NUEVA ESPAÑA su hermana, Mónica Barrero.
La familia lleva el doble lamento de la muerte de Sheila y los vaivenes de una investigación que les ha sumido en un carrusel de emociones. Fue en la noche del 25 de enero de 2004 cuando Sheila Barrero, de 22 años, recibía un tiro en la nuca cerca del alto de La Collada. Estaba en su coche, un Peugeot 206, en el que solía viajar todos los fines de semana desde Gijón, donde trabajaba en una agencia de viajes, hasta su pueblo de Degaña para estar con su familia.
Seis meses después del crimen la Guardia Civil detenía a un joven de Villablino, Borja Vidal, amigo de Sheila, porque en una prueba de parafina practicada a lo largo de la investigación le habían detectado restos compatibles con la detonación de la bala hallada en el coche de la víctima, y porque en los asientos traseros se localizó una fibra textil de una chaqueta suya.
Primero el juez de Cangas del Narcea, en 2007, y después una nueva jueza, a instancias de la Fiscalía, tras reabrirse el caso en 2015, decretaron el sobreseimiento al considerar que no había pruebas concluyentes en una investigación con errores desde un inicio. “Nosotros, la familia, estamos en medio de lo que dicen los investigadores de la Guardia Civil por un lado y la Fiscalía, por otro. La Guardia Civil, considera que la investigación está resuelta”, comentaba la hermana de Sheila. La argumentación de la familia es que, con las pruebas existentes, al menos debería haber un juicio, “para que los expertos, gente capacitada para ello, puedan valorar si son o no suficientes y haya un veredicto en un sentido o en otro. Eso es algo que no debe hacer un Juzgado de instrucción”.
La familia de Sheila Barrero no comprende que “si los investigadores lo tienen tan claro, no pueda haber siquiera un juicio” y rechaza que hubiera una predisposición contra el joven de Villablino porque, aseguran, “no era sospechoso, no le conocíamos de nada, no sabíamos quién era, ni que había una relación hasta que se le detuvo a los seis meses”.
Mónica Barrero es consciente de que el empeño de la familia para esclarecer el crimen de Sheila molesta. “Si estas callado malo, porque está todo parado, y si hablas peor. Falla el sistema, no sé si por falta de profesionalidad o por falta de interés”, sostiene la hermana de la joven asesinada en las inmediaciones del alto de la Collada.
