Los comentarios que introducían los lectores de un diario de gran tirada nacional a la información sobre la llegada del tren de Alta Velocidad a Palencia y León eran, cuando menos, sintomáticos. Si ése era el ambiente que abunda en la zona se podrían encender ciertas alarmas. Uno de los comentarios se quejaba de que el tren llegaba a León, pero no al Bierzo "porque los del Bierzo no somos leoneses". Otro de los participantes en las apostillas a la noticia apuntaba un poco más alto y protestaba porque en los párrafos precedentes se mencionaba a los castellano-leoneses como habitantes de la región de Castilla y León cuando "los de León no somos castellanos, somos leoneses". Un tercero se preguntaba si había alguna región más despreciada que Cantabria, que hasta 1981 formaba parte de Castilla y ahora ni es castellana ni tiene AVE. En fin, todas eran ansias separadoras. ¿Poso del 27-N catalán? ¿Falta lógica y coherencia democrática?
Se lamentan varios partidos e instituciones catalanas de los reproches que les hacen las demás comunidades españolas, acusan al conjunto de España de robarles y no devolverles los impuestos que recaudan, llegan en algunos casos a decir que el dinero que ellos recaudan sirve para que andaluces y extremeños vivan del subsidio sin trabajar. Demandan un derecho a decidir su destino en una autonomía que ya quisieran las regiones y departamentos franceses, por poner un ejemplo del país cuya bandera más ondeada es la libertad. Reclaman su nominación como nación y la formación de un Estado libre que históricamente nunca fueron a pesar de esgrimir algunas tesis que no concuerdan con la historia real. Creo que todo es sentimiento sin argumentos consistentes.
Bien, ésa es su petición a la que cada vez se une más gente, posiblemente por la política seguida por los últimos gobiernos del país, de España, que atendieron mal o no atendieron sus demandas. A pesar de que fueron tratados con tanto o más esmero en la Constitución que otros territorios del conjunto estatal. Se les consideró a ellos como históricos quizá por sus reclamaciones tradicionales más que por una trayectoria distinta a otros territorios españoles con notables episodios a lo largo de los siglos. Otros territorios que, hemos de resaltar, ofrecen una mayor solidaridad económica y social.
La pregunta que empieza a surgir tras los resultados de las elecciones del 27 de septiembre, 27-S, es si quienes rechazan su pertenencia al Estado español participarán en las elecciones generales el 20 de diciembre. Si Junts pel Si, independentista claro, o la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) presentarán sus candidaturas. Si Esquerra Republicana de Catalunya o el partido del aún president Artur Mas, Convergencia Democrática de Cataluña, proclamarán unos candidatos al Congreso y al Senado, es decir, a sus rechazadas Cortes españolas, ya que pregonan que no son españoles, que no quieren formar parte del Estado español. ¿Sus argumentos y credibilidad serán coherentes?
Supongo que al no "pertenecer" a España lógicamente no podrán concurrir a comicios españoles como los partidos españoles no se presentan a las elecciones de Francia o de Reino Unido. Podrían participar en las votaciones al Parlamento europeo mientras no dejen de pertenecer a la Unión Europea, aunque su "sortida" de España les confirme su salida de la UE.
