"Siendo mi primera atención la del mejor gobierno de mis Reynos, y hallándome informado de que en el Principado de Asturias se han discurrido varios medios para que aquellos naturales viviesen en paz y justicia, y cesasen las quejas y disensiones entre ellos... he resuelto formar una Audiencia...". [Felipe V. En el Pardo a 30 de julio de 1717].
Justificaba el monarca su decisión en la obligada pacificación de Asturias, en evitarles a sus gentes tener que acudir a la Chancillería de Valladolid a buscar justicia con "la distancia y aspereza del camino" y recordando el amor real por Asturias "por haberse comenzado desde aquel país la restauración de España en la infeliz invasión de los moros, y ser este Principado el título que lleva el Príncipe mi hijo". Esos dos hitos históricos aludidos en el documento real han sido utilizados también por las instituciones asturianas siempre que han querido hacer valer derechos antiguos y han reclamado atenciones de la corona. Y el escrito los emplea como una invocación de relación mutua.
Felipe V de Borbón, el primer rey de esta dinastía, había tenido que lidiar con una larga guerra de Sucesión desde 1701 hasta que en 1714 capituló Barcelona. Luchaba contra el pretendiente Habsburgo en un conflicto que involucró a gran parte de Europa y fue virulenta en tierras catalanas que apoyaban al austriaco. Asturias se mantuvo del lado de la causa borbónica. También la Junta General del Principado de Asturias había colaborado décadas antes, en el "annus horribilis" de 1640, a favor del rey, entonces Felipe IV de Habsburgo, enfrentado a las rebeliones catalana y portuguesa. Se trataba en ambos no de la dinastía sino de la "legitimidad monárquica".
Sin embargo en este caso, el de la Real Audiencia, no todos los asturianos con voz propia estuvieron de acuerdo. La centenaria Junta General, considerada ayuntamiento de los concejos, o municipio del país asturiano, o cortes provinciales, se dividió. La Junta contaba mucho porque en ella se "estudian y deciden todos los asuntos que competen al bien de sus naturales y de su relación con el reino". Había solicitado la creación de una Audiencia en distintos momentos ya desde que a fines del XVI recibiera las Ordenanzas de Duarte de Acuña. En otras ocasiones se contradecía porque mantener una Audiencia era sin duda gravoso por la "cortedad y pobreza de la tierra".
El caso es que las justicias locales, muy influenciadas por los señores civiles y eclesiásticos, poco favorecían la vida de pobres y pueblos. Los recursos se dirimían en Valladolid, pero no eran muchos los que podían permitirse lujo semejante. En el siglo XVII decidió la corona nombrar corregidores togados, expertos en leyes, sustituyendo a los antiguos de "capa y espada". A ellos se deben diversas ordenanzas y normas que intentaron reglamentar la vida del Principado y ordenar los casos de justicia. Sin embargo no todo pareció correr según lo previsto.
Los últimos años de la agonizante dinastía de los Austrias con Carlos II, plagados de conspiraciones sucesorias, y luego la guerra trajeron un cierto estado de impunidad. Un gobernador de capa y espada volvió a la Asturias de los años iniciales del XVIII.
Las quejas de los pueblos por las usurpaciones de los "caballeros poderosos que van en detrimento del Regio vínculo y de los pueblos al privarles de los terrenos comunes" aumentaron. Muchos lugares denunciaron que se habían quedado sin el disfrute de los terrenos baldíos, comunes y de propios con los que ayudar a las familias necesitadas y tener recursos locales. Y que ello además significaba una mengua del patrimonio realengo al disminuir las tierras de "vínculo real", ligadas al título del Príncipe.
Como en otros asuntos la administración borbónica quiso realizar cambios y en este caso designó a un comisionado que averiguase las causas de los agravios, reclamara los títulos de posesión sobre las propiedades en litigio y entendiera y resolviera lo posible. Antonio José de Cepeda, oidor (juez de tribunal) de la Chancillería de Valladolid, realizó desde 1708 una serie de estancias y visitas, no siempre bien recibidas, y elaboró un informe en 1711 que resultó decisivo para la creación de la Real Audiencia de Asturias.
Demoledor, escribía que los pobres lo pagan todo; que, debido a no poder con tantas rentas, cargas y extorsiones, el año de 1710 en los campos calles y caminos se veían muchos niños, hombres y mujeres de toda edad y condición muertos en gran número "sin más enfermedad que su ambre, nezesidad, desnudez y miseria". En consecuencia denuncia las injusticias que sufren los más necesitados: "es raro el pobre que por libertarse o libertar a su hijo no aia dado hasta la camisa".
Concluía que "es imposible atajar tan universal desorden".
Realmente ¿era así todo? o ¿se aprovechó el momento para reordenar la administración y sujetar a las instituciones regionales a un modelo común?
El caso es que Antonio José de Cepeda fue confirmado en el documento que creaba la Real Audiencia de Asturias como el primer Regente de la misma. Sus poderes sustituían a los del gobernador y ocupaba las residencias de aquel. Se establecían sus atribuciones que iban más allá de la justicia. Y también que estas se aplicaban a todo el Principado de Asturias más Valdeburón. Planteaba una organización similar a la de la Audiencia de Galicia. Detallaba las competencias y el cuidado en la reversión de los bienes usurpados. Los principales cargos de la Audiencia no debían tener vínculos en Asturias. Oidores, fiscal, relatores, escribanos y un abogado procurador de pobres además de personal de servicio. Nacía una nueva institución llamada a tener gran poder.
Pero para que no se viera en ello un atentado a las instituciones asturianas ordenaba el real escrito: "Y para que se mantenga la voz y representación del Principado; mando, que se celebren las Juntas generales y particulares en la misma forma que ha sido costumbre; y que unas y otras, quando las tuvieren, las presida el Alcalde Decano de la Audiencia, o el que el Regente para ello nombrara".
De lo que aquella nueva administración significó para Asturias, para sus gentes y para la Junta General hay escritos fundamentados. Aquí solo hemos querido centrarnos en un hecho puntual y su texto oficial de creación. Dejamos solo constancia de dos estudios clásicos con un siglo de diferencia, y los dos de letrados ligados a la Audiencia. Matías Sangrador y Vítores (1819-1867), vallisoletano, fue teniente fiscal de la Audiencia entonces de la provincia de Oviedo y publicó en 1866 "Historia de la administración de justicia y del antiguo gobierno del Principado de Asturias" que por fortuna pudo utilizar fondos luego destruidos. Y Francisco Tuero Bertrand (1921-2003), asturiano, magistrado de la Audiencia, del Supremo y presidente de la Junta Electoral Central, publicó numerosas investigaciones sobre la Junta General, sus ordenanzas y otras instituciones; y en este caso "La creación de la Real Audiencia en la Asturias de su tiempo, siglos XVII-XVIII" (1979).
La Real Audiencia sufrió múltiples avatares, y se transformó en el XIX. Cuando el gran Clarín publicó "La Regenta", en 1884, ya no existía la Junta General y Asturias y su Audiencia habían cambiado, pero aún en Vetusta el Regente era un personaje respetado y su esposa concitaba envidias.
