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Crisis sanitaria y económica

El fuerte impacto de la infección en las personas y las empresas obliga tanto al Estado como a los ciudadanos

Son muy preocupantes las numerosas referencias que se hacen en los medios de comunicación a la crisis de 2008 para ilustrar las consecuencias de la crisis económica incipiente derivada de la infección por el COVID-19. Se afirma incluso que es probable que ésta última propicie una recesión más intensa que aquélla. Estas afirmaciones que, en general, aparecen sin contextualización alguna pueden afectar muy negativamente a las expectativas tanto de los empresarios como de los consumidores y, por lo tanto, amplificar el impacto negativo de la crisis emergente. Precisamente lo que pretendemos hacer aquí es describir la diferente naturaleza de ambas crisis y, sobre esta base, establecer los condicionantes básicos diferenciales de su evolución a corto y medio plazo.

Concretamente, como es sabido, la crisis de 2008 tiene su origen en la ineficiente regulación del sector financiero y su influencia perniciosa sobre el funcionamiento del mercado inmobiliario. En otros términos, ha sido una crisis de origen endógeno o, si se me permite el paralelismo, de una enfermedad localizada en la nervadura del sistema económico que se extendió rápidamente a la mayoría de los sectores productivos y cuyo tratamiento ha exigido intervenciones y reformas estructurales profundas que se han prolongado a lo largo de muchos años, además de la movilización y reasignación de cuantiosos recursos públicos y privados.

En cambio, la crisis económica que se está fraguando en la actualidad tiene una etiología muy diferente. Su origen es exógeno al sistema económico, no tiene ninguna relación con la eficiencia de algún sector en particular, a pesar de lo cual, su impacto súbito sobre el conjunto del sistema es de tal intensidad que puede afectar significativamente al crecimiento a muy corto plazo, de tres a seis meses, tanto o más que la eclosión de la crisis de 2008. A pesar de todo, dada la naturaleza exógena de la nueva crisis cabe esperar, si se dan ciertas circunstancias que se exponen después, que dicho impacto, a corto y medio plazo, doce o más meses, no sea tan fuerte ya que, en principio, su tratamiento no exigirá intervenciones y reformas estructurales del mismo calado que en el caso anterior.

El fuerte impacto económico negativo de la infección, adelantado por el comportamiento de los índices bursátiles de estos últimos días, se deriva esencialmente de su carácter novedoso para la ciencia y, por lo tanto, del desconocimiento o mal conocimiento de muchos aspectos acerca del desarrollo e la enfermedad que afectan directamente a las decisiones de los agentes económicos, empresas y consumidores, y en última instancia a la actividad productiva. Así, por ejemplo, algunos de estos aspectos de relevancia económica, además de sanitaria, son, entre otros, los siguientes: el hecho de no disponer aún de estimaciones fiables sobre el porcentaje de población que puede verse afectada; tampoco se dispone de resultados concluyentes acerca de la posibilidad de reinfección que tiene una persona que haya padecido la enfermedad, así como tampoco se puede prever cuánto tiempo pueden durar las restricciones de movilidad de las personas para frenar su crecimiento.

El desconocimiento de estos aspectos sanitarios se traduce en términos económicos en un incremento de la incertidumbre acerca del resultado de las decisiones tanto de los productores como de los compradores de la inmensa mayoría de bienes y servicios generados por el sistema productivo. Por ejemplo, las dudas mencionadas acerca de la evolución de la enfermedad determinan que a las empresas les resulta muy difícil, por no decir imposible, estimar hoy la probabilidad de contagio de sus trabajadores y, por lo tanto, la influencia que puede tener la infección en la producción, en sus costes y, en última instancia, en sus ingresos. Estas mismas dificultades perjudican la evaluación de la viabilidad de los nuevos proyectos de inversión lo que, como mínimo, inducirá retrasos en la puesta en marcha de planes de renovación de equipos, ampliación de instalaciones productivas, innovación de procesos y productos, e igualmente la contratación de nuevos trabajadores.

En el ámbito de los consumidores o demandantes de bienes y servicios, las economías domésticas o familias, la incertidumbre que afecta a las empresas se traduce en dudas acerca de la evolución del empleo de sus miembros y, por lo tanto, de los ingresos familiares lo que, como mínimo les llevará a retrasar sus decisiones de compra de bienes duraderos, electrodomésticos, coches, casas, e incluso de eventos familiares como vacaciones y bodas.

Simétricamente, es fácil de entender que cualquier avance en el control de la infección o en el conocimiento científico de su comportamiento contribuirá de forma significativa a reducir la incertidumbre económica y diluir la desconfianza de los agentes económicos y, por lo tanto, que en la misma medida la actividad productiva se pueda recuperar con más rapidez que en el caso de la crisis de 2008 ya que no se requieren, en principio, reformas estructurales. Aunque la necesidad de recursos económicos puede ser también muy cuantiosa para tratar de atenuar las consecuencias de un retraso excesivo en el control de la epidemia, como se comenta a continuación.

Si se mantiene el nivel de incertidumbre actual durante algunas semanas, sus consecuencias económicas pueden ser soportadas por la mayoría de las empresas, sobre todo para las grandes. No obstante, un periodo de tres meses o más supondría para las pequeñas y medianas empresas industriales como las dedicadas a producir bienes de consumo de larga duración, bienes intermedios y bienes de equipo, graves problemas de liquidez difíciles de superar por si solas y que podría llevar a amuchas de ellas a la suspensión de pagos e incluso a la quiebra. Los problemas de liquidez serían también muy severos para el sector comercial, en particular para el comercio especializado en ventas de temporada y, obviamente, el sector turístico y el transporte que, dadas la proximidad de la primavera y el verano, podrían perder contratos de los que depende en gran medida sus resultados anuales. En síntesis, un retraso excesivo del control de la enfermedad puede suponer pérdidas significativas de tejido empresarial y capacidad de producción. Por supuesto, en un escenario de este tipo, el apoyo del Estado a las empresas pequeñas y medianas será insustituible para atenuar sus problemas de liquidez.

En conclusión, tanto la situación sanitaria como económica convergen en la urgencia de conseguir el control de la enfermedad lo antes posible. La naturaleza novedosa de la enfermedad determina que su control descanse, a corto plazo, fundamentalmente en la restricción de la movilidad de los ciudadanos por parte del Estado y menos en el conocimiento que, en el ámbito sanitario especialmente, tiene un período de maduración muy largo, hasta la disposición tratamientos medicinales estandarizados y vacunas eficaces. Obviamente, el papel del Estado también es decisivo e insustituible en la atención de las demandas del sector sanitario y de los científicos que investigan la enfermedad. No obstante, en este punto es importante recordar que la capacidad de gasto del Estado depende directamente de la actividad económica. Por estas razones, pasa a primer plano la necesidad imperiosa de una colaboración decidida por parte de los ciudadanos en la aplicación de las restricciones a la movilidad ya que es la vía más directa para conseguir el control de la epidemia en el plazo más breve posible y reducir al mínimo su impacto negativo sobre la salud y el tejido productivo. Igualmente, resulta imprescindible la colaboración de los agentes sociales, patronal y sindicatos, con la Administración para gestionar los ajustes de actividad de las empresas con transparencia, realismo y responsabilidad.

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