El frustrante estatuto electrointensivo aprobado por el Gobierno de Sánchez ha caído en Asturias como un cubo de agua helada. No cumple las expectativas de la gran industria asturiana y proyecta una sombra sobre el futuro económico de la región. El mazazo también sacude al PSOE, que reconoce que el resultado es inadmisible y se recibe con desánimo puertas adentro en el partido. La oposición no ha tardado en lanzarse al cuello del Ejecutivo de Barbón. En este asunto no habrá aliados comprensivos y tiene la suficiente enjundia como para marcar un punto de inflexión en el clima político regional
El estatuto electrointensivo podría haber sido una buena bandera para que los socialistas asturianos exhibiesen cierta influencia en las decisiones trascendentes de Sánchez. Y era bandera porque ellos mismos la izaron. La elaboración del estatuto fue promesa electoral y señalado por Barbón como muestra del poder hercúleo de la vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, que iba a ser “la mejor garantía de que en Madrid la agenda asturiana se sitúe encima de la mesa del Consejo de Ministros” (Ipse dixit).
Sería injusto atribuir a Barbón una actitud sucursalista, al menos en sus intervenciones y posiciones a veces discrepantes con el Gobierno de Sánchez. Incluso en este asunto ha buscado cierta equivalencia con la posición del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, con quien existen simpatías. Pero en este y algún otro objetivo que se ha marcado el Presidente sus palabras poco eco han tenido en el Gobierno de Sánchez. En el PSOE, por ejemplo, se recuerda con cierto malestar la negativa azorada del Ministerio de Sanidad a la petición de Asturias de un confinamiento. Y aunque sabido es que la ministra de Transición Energética Teresa Ribera no suele dejarse influir por ruegos (ni siquiera de los que son de su tribu ideológica), del Gobierno central cabía esperar una especial sensibilidad ante un asunto tan crucial para la economía asturiana. Más cuando otras autonomías (cuyas fuerzas políticas apuntalan al Ejecutivo) reciben un trato primoroso.
Este mal balance también castiga (aunque no estuviese en su mano el resultado final) la labor del consejero Enrique Fernández, a quien desde algunos ámbitos se le achaca menos celo en algunos asuntos del que debiera.
No obstante, el consejero ha apuntado una alternativa que puede ser la única que ejerza de bálsamo: que la industria asturiana reciba algún tipo de compensación, por otras vías, que garantice una viabilidad que se encuentra más amenazada que en ningún otro momento anterior. Si el Ejecutivo de Barbón no consigue al menos esa compensación (segundo plato), el estatuto electrointensivo pesará como una losa. No es asunto menor: cualquier agujero en el tejido industrial asturiano puede convertirse en un lastre severo en el balance de una legislatura.
Barbón ha presumido en ocasiones de tener voz propia e incluso de tener megáfonos que la amplificasen en el Consejo de Ministros. Pero parece que nadie escucha al otro lado o poco importa.
