Las imágenes que, estos últimos días, hemos podido visualizar del enjuiciamiento de Cristina Cifuentes acusada por presuntas irregularidades en la obtención del título de Máster afectan a la reputación de la Universidad, con el consecuente perjuicio del prestigio académico, por la gestión, en ese caso, de estudios de postgrado. La transparencia se ha convertido en uno de los pilares transversales de todas las entidades públicas. La Universidad de Oviedo, si bien ha avanzado en transparencia, no puede sentirse satisfecha hasta no conseguir la incorporación de todos los instrumentos que aseguren el máximo logro de transparencia.
Precisamente, en esta vía de avanzar en transparencia la UE ha aprobado la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y Consejo, de 23 de octubre de 2019 que obliga, entre otras, a las instituciones públicas académicas a implantar canales de denuncias adaptados a protección de datos y con específicos requisitos de confidencialidad y seguridad, además de establecer ciertas protecciones que han de amparar a las personas que denuncian irregularidades (“whistleoblowing”). La mencionada Directiva tiene un plazo de transposición que vence en el mes de diciembre de 2021, vencido dicho plazo será de directa aplicación la Directiva que establece unos mínimos que deben respetar los Estados miembros de la UE.
Por ello, creo, que contribuiría decisivamente en el camino de la transparencia la implementación (probablemente, sería la primera universidad pública en España) en la Universidad de Oviedo de un canal de denuncia sin necesidad de esperar más. Es más, la designación de un responsable u órgano de cumplimiento para que desarrolle y gestione ese canal y la implementación de un específico modelo de cumplimiento normativo y de transparencia de la Universidad similar a los sistemas de “compliance” corporativos europeos proyectaría una imagen excepcionalmente positiva en el compromiso de la Universidad de Oviedo en una política de cumplimiento.
La información obtenida a través del canal de denuncia permitiría a la Universidad de Oviedo una inmediata reacción ante situaciones nunca deseables en el funcionamiento de una universidad, pero, lamentablemente, posibles, proyectando una imagen de compromiso de la institución universitario con el cumplimiento de la Ley y la respuesta y denuncia frente a comportamientos siempre reprochables e inaceptables en una sociedad democrática que debe actuar siempre conforme a las exigencias de un estado constitucional de derecho y, singularmente, los poderes públicos (art. 9 CE).
