Ya no tiene mucho sentido hablar de la importancia de internet. El mundo digital no es ajeno a la mayoría de la gente, como hace unos años. A estas alturas, ¿hay alguien que no esté al tanto de la repercusión de las redes sociales Seguimos hablando, por inercia, de nuevas tecnologías, pero están con nosotros desde hace más de 25 años.
Y los datos lo demuestran: en 2020, un 93% de los españoles de entre 16 y 74 años utilizó internet, y un 63% las redes sociales. Un uso que creció más de lo previsto por las imposiciones laborales y sociales de la pandemia. Los confinamientos y las precauciones nos han ayudado a conectar, o a no desconectar, de familia, amigos, y en muchos casos, del trabajo.
Qué vamos a decir de la sociedad digital y las redes, de su papel en nuestras relaciones y actividades sociales –no hay centro de enseñanza sin su chat de padres y madres–, de su importancia en toda la escala del aprendizaje; de la seguridad en momentos de apuro; de las facilidades para comprar y vender, para pedir hora en el centro de salud; de las ventajas de la ciudad inteligente y de lo que supone internet en las zonas despobladas.
Y no olvidamos su papel en los grandes momentos históricos. Un ejemplo ya lejano lo tuvimos en el Mediterráneo, con las primaveras árabes. Otro cercano lo hemos tenido al otro lado del Atlántico, hace muy poco, con un Donald Trump quejándose de fraude a través de Twitter y fomentando el asalto al Capitolio el 6 de enero –grabaciones en directo en Instagram– tras concentrar en Washington a seguidores impulsados por un grupo conspiranoico llamado QAnon en 4chan y Facebook.
Y aquí es a donde quería yo llegar. Las ventajas de la sociedad digital las conocemos y las usamos casi todos. Pero estamos empezando a ver que la desinformación y los delitos de odio online están teniendo un alcance y unas repercusiones como no habíamos visto antes, y estamos comenzando a entender, tanto países como ciudadanos, que esto no puede seguir así.
La Unión Europea va por detrás de sus competidores en desarrollo tecnológico; es una evidencia frente a EE UU y China. Pero también es cierto que lidera en términos de regulación y respeto de los valores y derechos fundamentales de los ciudadanos. Para la UE es sagrada la premisa siguiente: lo que es ilegal offline es ilegal online. Dos buenos ejemplos de regulación europea que han encabezado adaptaciones posteriores a nivel global son el Reglamento Europeo de Protección de Datos (REPD) y la regulación del e-commerce.
Pero la innovación en internet crece a toda velocidad y va por delante de la capacidad de regulación. Esto ha pasado en especial con las llamadas big tech como Google, Facebook, Apple y Amazon. Su ritmo de crecimiento ha aumentado cada vez más rápidamente, hasta llegar a crear lo que algunos consideran un oligopolio, es decir, un modelo de mercado con pocos productores, distribuidores o vendedores de recursos o servicios que ya, como decíamos al principio, consideramos esenciales e irrenunciables.
¿Cómo responde Bruselas a este reto La Comisión Europea ha presentado un nuevo paquete legislativo, formado por la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, diseñadas para crear un espacio digital más seguro y abierto, con los valores europeos en su núcleo.
Con la Ley de Servicios Digitales, la UE tiene como objetivo dar forma a la economía digital europea e influir en la elaboración de leyes similares en otros países del mundo. La Ley de Mercados Digitales busca limitar la expansión de las grandes plataformas, creando un campo de juego que permita que pequeños operadores puedan competir con Facebook o Google. En definitiva, dejar atrás la autorregulación y optar por una normativa en la UE coherente y homogénea en contenidos y competencias.
Yo defiendo que los reglamentos se basen en principios amplios que garanticen la neutralidad en las decisiones y respeten los derechos de intermediarios y pymes. Eso implica respetar el marco del REPD sin obligar a un control en tiempo real del contenido. Lo que se busca es un equilibrio entre las responsabilidades de las grandes empresas, las pequeñas y los ciudadanos.
Entre las medidas de los nuevos reglamentos está la posibilidad de multar a las plataformas si no restringen la difusión de contenido ilegal, como el discurso de odio o el terrorista. Además, impone nuevas reglas de transparencia que obligan a estas empresas a revelar más datos sobre sus servicios –incluida la publicidad dirigida, que parece que muchas veces nos conoce mejor que nosotros mismos– y adoptar medidas para evitar que las grandes abusen de su posición dominante en la oferta de productos.
Estamos ante un golpe encima de la mesa digital por parte de la Comisión Europea. El objetivo no es limitar la libertad de expresión, sino proteger mejor lo que es legal. Se trata de dar a los pequeños jugadores una oportunidad justa y de recordar a los grandes las responsabilidades que conlleva el poder que se deriva del éxito.
