Tras leer que la ministra de Hacienda Montero planea subir los impuestos de Sociedades, Sucesiones y Patrimonio recordé una ocasión, hace años, en la que entré a una tienda de muebles, donde había un activo vendedor, de los avezados en convencerte de que compres lo que has ido a buscar y alguna cosa más. Al poco entró un hombre mayor, bien trajeado, casi un anciano, y preguntó por el precio de un sofá. El vendedor le dio toda suerte de explicaciones y le alabó el gusto; sin embargo, el hombre frunció el ceño e hizo ademán de marcharse. El vendedor, sorprendido, exclamó: ¡pero usted tiene dinero para comprarlo! Sí, replicó el viejo, solo faltaba, que tras trabajar toda la vida no pudiera comprar un sofá, pero “parezme algo caro”, y apostilló sonriendo: unos disfrutaron gastando y otros disfrutamos ahorrando, cada uno hizo lo que quiso.
Ahorrar no significa meter el dinero debajo del colchón, sino priorizar el gasto en inversión o patrimonio sobre el gasto consuntivo. Cómo traten los gobiernos esta cuestión resulta crucial para el devenir de las sociedades, y lo es desde tiempos inmemoriales: en la piedra de Rosseta, que al estar escrita en tres idiomas permitió a Champollion descifrar el significado de los jeroglíficos egipcios, no se cuenta una historia de batallas ni de glorias heroicas, sino que se promulga una condonación general de deudas tributarias excesivas, que habían sido el motivo de una guerra civil. No suele tenerse muy en cuenta, pero cualquier revuelta o cambio social en la historia ha tenido entre sus motivos principales la insatisfacción de la ciudadanía con los tributos: de forma inmediata, como en la revolución americana, o sibilinamente, como uno de los factores que contribuyeron al derrumbe del imperio español, en alguna medida por la imposición pertinaz de las alcabalas (una especie de IVA del antiguo régimen), que hizo a muchos emigrar a América para librarse de ella. Por eso Bismarck se opuso a que Alemania tuviera colonias, alegando que no era posible cargarlas de tributos porque se rebelarían y, de otro modo, no quería que se perdiera la mejor sangre alemana camino de las colonias, “como le ocurrió a España”.
Sobre los impuestos que el gobierno central quiere subir se plantean dos grandes cuestiones: una referida a la naturaleza de los tributos autonómicos y otra respecto a la esencia de los tributos mismos, sean o no dependientes de las autonomías. Respecto a los tributos autonómicos, es indudable que una cierta coordinación sería deseable para evitar agravios comparativos entre territorios, pero sin olvidar que la autonomía fiscal es uno de los elementos esenciales de la gestión de las comunidades autónomas y que, sin ella, difícilmente se justificaría su existencia, ya que quedarían como meros órganos gestores, que bien podrían ser parte de la administración central.
Desde Asturias, hay quien habla de homogeneidad fiscal, casi uniformidad, mientras las comunidades limítrofes, todas sin excepción, actúan reduciendo impuestos; y esa ya no es una cuestión de equidad tributaria, sino de competitividad para los negocios y las finanzas, incluidas las personales. Además, resulta casi obsceno observar cómo se critican las decisiones tributarias de unos (Madrid, sobre todo) mientras se mira para otro lado en el caso de otros (País Vasco o Navarra), alegando razones históricas de conllevanza con los nacionalismos, aunque obviando el evidente soporte al gobierno central, por intereses políticos, de nacionalismos de todo jaez, que exigen su contrapartida. Hablar de homogeneidad tributaria, partiendo de que hay territorios que parecen tener bula en la materia, en cualquiera de los impuestos citados, resulta muy cuestionable.
Sobre la procedencia o intensidad de los impuestos de Sucesiones y Patrimonio se abren varios interrogantes, ¿debe ser cargado tributariamente, y hasta qué punto, el ahorro que ya soporta sus correspondientes dosis de impuestos vía IRPF, Transmisiones o IVA? Bien está homogeneizar tributos, establecer sistemas impositivos solidarios y progresivos, así como establecer coberturas sociales de soporte mínimo generalizado, pero si empieza a parecer indiferente el gasto consuntivo o el gasto productivo, tratando igual, o peor, al que ahorra e invierte que al que no lo hace, y si incluso se discute por algunos la procedencia de legar bienes a los herederos, cada vez habrá menos viejos que quieran comprar un sofá o cualquier cosa, porque habrán decidido gastar a lo largo de su vida en lugar de ahorrar o invertir. Y, a este respecto, cabe recordar que la tasa de ahorro es uno de los elementos esenciales del crecimiento económico; hay más: la tecnología, la seguridad legal, la productividad y la calidad institucional, por ejemplo, pero el ahorro es uno de los más relevantes.
Lo que llama la atención es que se habla de ingresos tributarios, pero no del destino de los gastos. La carga tributaria adicional o su reducción, y los efectos que comportan, deben ser explicadas a los ciudadanos y eso rara vez ocurre. Si las subidas o bajadas de impuestos se relacionan con mayores o menores servicios a los ciudadanos y se les explica, estos podrán decidir si les trae cuenta pagar menos impuestos y recibir menos servicios o al revés. O, dicho de otro modo, si confían en que el Estado, en todas sus formas, gestionará mejor sus ingresos o prefieren arriesgarse a tener un mayor peso en las decisiones sobre sus propios recursos: lo primero es más cómodo, más dependiente del acierto o desacierto de los gobernantes públicos, y menos susceptible de propiciar el crecimiento económico como históricamente se ha demostrado con creces; lo segundo es más arriesgado y exige asumir las propias decisiones y sus consecuencias, aunque es la mejor manera de incentivar la iniciativa individual y, a la postre, el bienestar colectivo.
