En plena reconversión industrial, el gobierno regional de la legislatura 1983-1987 entendió que había que ocuparse también de poner en el siglo XX a una gran parte del territorio asturiano. Nuestras zonas rurales arrastraban un déficit en todo tipo de infraestructuras (energía eléctrica, red viaria, teléfonos, recogida de basuras, etc.) y se puso en marcha todo un conjunto de medidas que perseguían el objetivo del reequilibrio regional. Como símbolos de aquella política cabe recordar que hace 35 años –coincidiendo con la firma del Tratado de Adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea– abrió sus puertas el hotel La Rectoral en Taramundi, que se convirtió en todo un símbolo del turismo rural en España, y se puso en marcha el Plan Oscos-Eo con un enfoque de desarrollo integral de toda la comarca. Tal y como ocurre en la producción aditiva, en la que se van agregando sucesivas capas para fabricar un objeto, la política de aquellos años se fundamentaba en ir añadiendo acciones concretas para alcanzar una Asturias más equilibrada espacialmente. Posteriormente –y a lo largo de las sucesivas legislaturas– el objetivo del reequilibrio regional se fue diluyendo y otras políticas territoriales fueron ocupando su lugar, siendo la regulación el instrumento utilizado mayoritariamente para llevarlas a cabo, lo que se ha traducido en una selva legislativa que constituye un gran obstáculo a la innovación y el emprendimiento, abandonándose las acciones en materia de planes integrales comarcales.
En estos momentos, la Unión Europea está debatiendo una visión a largo plazo para las zonas rurales que se conoce como la Agenda Rural Europea. Este nuevo marco estratégico, que persigue un desarrollo sostenible e integrado de los territorios rurales en su diversidad, pretende engarzarse con los nuevos contenidos de la Política Agraria Común (PAC), e incluye un conjunto de políticas transversales que capaciten a las comunidades rurales y pongan a su disposición los medios necesarios para convertir los retos en ventajas. El objetivo de la Agenda Rural Europea es combatir “la despoblación y la exclusión social, promoviendo la iniciativa de las aldeas inteligentes, la bioeconomía, la innovación social y cerrando la brecha digital”. Asimismo, en ese marco se está impulsando un enfoque simplificador conocido como Desarrollo Local Participativo (CLLD). Por otra parte, en un reciente dictamen del Comité Europeo de las Regiones se destaca que es necesaria una compresión más profunda de la diversidad cultural y biológica, “ya que los conocimientos ecológicos tradicionales no se ven reflejados en las estrategias de desarrollo rural y en las directivas sobre protección de la naturaleza”.
Frente a este nuevo enfoque comunitario que pretende poner el foco en el desarrollo y la diversificación económica de las zonas rurales, estos días apareció la noticia de que la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial pretende iniciar un proceso legislativo para que Asturias se convierta en una Ciudad-Región. Después de casi medio siglo de debates sobre la necesidad de poner en marcha un área metropolitana policéntrica, se pretende ocultar el fracaso de este proyecto, que evidencia la fuerza reaccionaria de los localismos, convirtiéndonos por ley a todos los que vivimos en las aldeas en ciudadanos de una gran urbe de 10.604 kilómetros cuadrados. En la página web correspondiente del gobierno regional, con un lenguaje enrevesado y farragoso –sólo comprensible para los sumos sacerdotes de la ordenación del territorio– nos instan a participar en la elaboración de una norma, cuyo titulo es muy significativo de los objetivos totalizadores que persigue: Anteproyecto de Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA). Así pues, con esta norma los campesinos dejarán de ser rurales, y como cada vez quedan menos, al pasar a ser ciudadanos de esta nueva y extensa Ciudad-Región, resultará cada vez más difícil localizar algún ejemplar de la principal especie en extinción de Asturias, ya que quedarán totalmente diluidos en ese nuevo paisaje de nodos y redes que se propone.
En un mundo en el que los continuos cambios tecnológicos exigen eliminar al máximo las trabas burocráticas –la Unión Europea, por su celo normativo, se está quedando atrás con respecto a Estados Unidos y China en el liderazgo de la economía de la inteligencia artificial– uno podría pensar que las preocupaciones de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial deberían pasar más por derogar normas tan funestas para la actividad económica como son el Decreto Legislativo 1/2004 y el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias de 2007, que contiene nada más y nada menos que 634 artículos. Esta norma constituye el parangón de una burocracia que utiliza procedimientos tortuosos y poco transparentes para el administrado, que tiene que gastar su dinero y su tiempo en tramites que tendría que realizar la propia administración de forma rápida y gratuita. Como muestra de los despropósitos que incluye esta norma baste reseñar que las posibilidades edificatorias de las quintanas tradicionales –concepto impreciso jurídicamente– están supeditadas a la vinculación a la actividad agraria de su promotor. Eso significa, entre otras cosas, que se cierra toda posibilidad a que nuevos pobladores practiquen el teletrabajo instalándose en una quintana asturiana. Frente a tanto desatino, en vez de centrarse en acciones concretas e innovadoras, una vez más la respuesta parece seguir la costumbre arraigada en el país: creer que la solución a los problemas consiste en aprobar una nueva ley, y además en este caso con vocación de ordenación integral del territorio asturiano.
Este proyecto de convertirnos en Ciudad-Región es un paso más en una larga lista de afrentas y de falta de respeto al mundo rural asturiano. Así, desde las ciudades se regula que nuestros ganaderos deben dejar resignadamente que el lobo acabe con sus rebaños, que son su modo de ganarse la vida y de construir paisaje. Para hacerse idea de lo que ello está significando, baste señalar que Guipuzcoa, cuya extensión es la quinta parte de Asturias, tiene el doble de ovejas que nosotros, que llegamos a tener medio millón a mediados del siglo XIX y ahora sólo quedan 75.000 cabezas. También desde ese mundo urbano se nos dice como tenemos que hablar tratando de imponer una lengua inventada que no respeta la gran diversidad cultural de esta tierra milenaria. Espero que el próximo paso no sea una norma que regule que los aldeanos deban llevar madreñas y montera picona cuando tengan que ir hacer un tramite ante esa administración ubicada en la ciudad, que viendo lo visto, seguro que se considera una medida resiliente y sostenible de nuestras más conspicuas tradiciones.
Por cierto, en este proyecto de Ciudad-Región supongo que alguien habrá pensado qué hay que hacer con las 504.000 hectáreas –casi la mitad de la superficie regional– que suman las diferentes variedades de montes comunales que existen en Asturias, y que en gran parte están infrautilizadas y desaprovechadas. ¿O es qué lo que queda entre los nodos de esa estructura en red que se propone se consideran agujeros negros para la ordenación del territorio?
Finalmente, supongo que la nueva Ciudad-Región llevará aparejada la desaparición del gobierno regional y el diseño de un nuevo gobierno metropolitano, lo que me hace preguntarme que es ese territorio que veníamos llamando Asturias.
