¿Recuerda el lector el estreno de la película “Carros de fuego”? Si tiene menos de 50 años, probablemente no. Fue en 1981, hace 40 años. A lo largo de ese período, el desarrollo de España fue significativo, pese a las crisis: la población aumentó 26%, el número de ocupados creció 65% y el PIB por habitante lo hizo un 80%.
Asturias quedó prácticamente marginada de ese desarrollo. En el mismo lapso perdió un 11% de población, el empleo quedó estancado y el PIB por habitante creció un 58%. Si en 1981 Asturias tenía un PIB por habitante similar a la media nacional, ahora está un 12% por debajo.
Que ahora trabaje en Asturias la misma cantidad de gente que cuando se estrenó “Carros de fuego”, hace 40 años, es impactante. Pero el dato real es peor: en estas cuatro décadas, el empleo público se más que duplicó, pasando de 44.000 asalariados a 90.400, según datos de la última Encuesta de Población Activa. Esto implica que el número de ocupados en el sector privado (el que crea riqueza) cayó 14% entre 1981 y hoy. No hay comunidad autónoma que lo haya hecho peor.
No es, desde luego, por ninguna incapacidad ni falta de espíritu emprendedor de los asturianos. Hay muchísimos casos de éxito de asturianos fuera de Asturias. Incluso, pese al contexto hostil a todo proyecto empresarial, también hay ejemplos de éxito dentro de Asturias.
El problema es la aplicación fervorosa de las ideas socialistas. Ideas que prometen “inclusión”, pero que expulsan a la gente de su tierra por falta de oportunidades; hablan de “progreso”, pero empobrecen a una región con enorme potencial; ofrecen “justicia social”, pero impiden la más elemental, que es la oportunidad de prosperar sobre la base del trabajo propio.
El socialismo asturiano es la historia de un fracaso rotundo en la más elemental de sus promesas: el empleo. Ha fracasado porque es incapaz de crear un entorno amigable para la inversión productiva y la creación de riqueza.
El socialismo en Asturias solo ha sido capaz de aumentar cuatro cosas: los impuestos, el gasto público, el número de asalariados del sector público y la deuda del Principado. Así, mientras entorpece la creación de empleo y riqueza, va debilitando las oportunidades futuras: desde el inicio de la gestión de Javier Fernández hasta hoy, la deuda pública asturiana crece a un ritmo medio de 300 millones por año (más de 1,1 millones por cada día laborable).
Pese a esta realidad desoladora, el gobierno de Adrián Barbón parece dispuesto a priorizar, en lo que resta de legislatura, a hacer del bable normalizado una lengua cooficial. Un magnífico ejemplo de cómo la realidad de los políticos (con sus salarios garantizados, que pagamos nosotros) va por un lado, y la del resto va por otro muy diferente.
La cooficialidad es un proyecto que la sociedad no demanda, que la experiencia de las autonomías con lengua cooficial desaconseja y que la realidad de las cuentas públicas hace irresponsable. Es falso que con la cooficialidad puedan crearse empleos y riqueza; solo se crearían puestos improductivos y subvencionados, pagados con los impuestos de quienes trabajan. Robar a unos parte del fruto de su trabajo para dársela a un grupo de privilegiados es lo opuesto a crear riqueza: es destruirla.
El socialismo asturiano, que no puede eludir su responsabilidad en el fracaso económico y social que es hoy Asturias, lejos de rectificar (o al menos, de pedir perdón), se apresta a aprobar una cooficialidad que profundizará la decadencia de nuestra región. Una cooficialidad que sabemos cómo empieza y, también, cómo termina: en la “inmersión lingüística”, la marginación del español y la misma pulsión separatista que ya sufren otras partes de España.
La cooficialidad “amable” ya existe: es la Ley de Uso y Promoción, un modelo propio centrado en la voluntariedad de uso y aprendizaje. La que ahora nos quieren imponer es una cooficialidad “antipática” centrada en la obligatoriedad. Evitémosla mientras estemos a tiempo.
