El proceso es el siguiente: a uno de nuestros representantes políticos, con ganas de trabajar, que eso se le supone, le llegan con un problema, con algo que no funciona bien. Tarda muy poco en pensar que esa deficiencia se resuelve con una ley. Otra más. Y un día sale en el boletín. Y se amontona con la tonelada de leyes anteriores. Y la red de normas cada vez se hace más tupida. Hasta el punto de ser impenetrable. Eso sin hablar del desconocimiento en sintaxis y redacción del legislador y sobre todo del técnico. Díganme, ¿conocen ustedes a alguien que entienda la terminología de la declaración de la renta, por ejemplo? Pero el problema no acaba ahí. El político pasa la norma al funcionario; y éste, con el mayor afán de servir, aplica la norma conforme a su criterio. Y a la miriada de leyes se suman las variantes de cada funcionario, con lo que las limitaciones se multiplican exponencialmente. Y el ciudadano, que solicitó se le autorice ser barquillero, es un decir, abandona su iniciativa de ganarse el pan vendiendo a los rapacinos galletas con miel noqueado por el maremoto de requisitos y trámites no para conseguir la licencia de barquillero, que sabe que ya nunca le darán, sino para que le legalicen el bombo, al estar pillado por la legislación de casinos y salas de juego debido a la ruleta que lleva en la tapa. Les cuento un ejemplo en nuestra Asturias del alma: Un señor tiene una finca grande. Y también tres hijos. Y decide dividir esa finca en tres parcelas para que cada hijo construya su casa. El buen señor se acerca a su ayuntamiento (no hablemos de las dificultades para que lo reciba el aparejador, más difícil hoy que una audiencia con el Papa), y un día, siempre lejano, le informan que el Plan General de Ordenación le permite crear las tres parcelas. Pero el pobre hombre no sabe que le esperan en la Consejería de Infraestructuras con su tela de araña, donde cae como una mosca: el funcionario de la cosa ha decidido que no se creen nuevos accesos. En ningún sitio. La Ley de Carreteras no limita su creación, pero el empleado ejemplar tocado por el dedo de Dios considera que ello puede afectar a la seguridad vial según el razonamiento siguiente: cuantos menos accesos, menos salidas al camino y por tanto menos posibilidad de accidentes. Es de cajón. Yo le diría más: si prohíbe también los accesos existentes, el peligro desaparece totalmente. Lo simpático del caso es que este celoso funcionario, con su particular interpretación de la ley acaba de bloquear la parcelación en toda Asturias, aunque los Planes Generales de Ordenación lo autoricen. Menuda broma. Es la clásica imagen de cine mudo de pisarse un zapato con el otro. Los ciudadanos culpan al Consejero, y por extensión al Gobierno del cual forma parte. Yo, de ser el político responsable, hablaría con el herrado (o errado, que dudo de la acepción más correcta) funcionario. Para no hacer más pegajosa la tela de araña administrativa, y por sentido común: todos sabemos que las elecciones no se ganan, sino que se pierden. Por estas cosas.
