Más vale morir dentro de las reglas que escapar a la muerte contra las reglas. Molière
Principios de junio, en mi entorno. Tras un ingreso en urgencias, una cita para una prueba en Cabueñes: comienzos de noviembre. En la segunda semana del mes, un ciudadano publica en interné la suya: en el HUCA para mayo del 2023. En LA NUEVA ESPAÑA del 18/06/2022: “El testimonio de una gijonesa que lleva dos años de espera para una cirugía de escoliosis: ‘No aguanto el dolor’”. “Llevo dos preoperatorios ya caducados”.
¿Para qué agobiarlos a ustedes con más casos de retrasos de meses o años para exploraciones u operaciones? Conocerán, sin duda, unos cuantos. Lo que es evidente es que el sistema público de salud no es capaz de responder con la prontitud debida al alto número de usuarios que demandan atención, y que ni siquiera medidas coyunturales como las llamadas peonadas son capaces de modificar ese atasco, que tiende a ir en aumento.
Publílatras y creyentes en el burru cagarriales, que no son necesariamente dos conjuntos disjuntos, tienen el remedio al alcance de la mano: “hay que invertir más en la sanidad pública”. Ahora bien, la inversión en la sanidad pública para reducir drásticamente esas esperas requeriría multiplicar notablemente el número de médicos (si los hubiere), de aparatos, de laboratorios y, cómo no, de recintos, un volumen de dinero del que no disponemos, ni aun multiplicando los impuestos (solo a los ricos y a las empresas, por supuesto). Con la agravante, además, de que ese gasto en lo público es inelástico, es decir, que no se podría reducir en el hipotético caso de que la demanda se redujera.
Todo ello, por otro lado, en una coyuntura en que (deuda en el 120%, déficit cercano al 7%, prima de riesgo en crecimiento) inevitablemente volverán los recortes zapateriles (congelación de las pensiones, reducción del salario de los funcionarios, paralización de inversiones) y marianiles.
Así las cosas, ¿cuáles son las iniciativas del Gobierno? Pues poner en marcha un Proyecto de Ley de Cohesión Sanitaria, que prioriza la “gestión pública directa” de la sanidad, prohíbe nuevos convenios con las empresas privadas salvo “casos excepcionales” y trata de procurar que se reviertan los existentes.
Una cuestión conceptual. ¿En qué consiste una sanidad pública y universal, como se predica? Pues en que todos los ciudadanos tengan derecho a ser asistidos con el dinero procedente de los impuestos, y no, según se pretende, en que tengan que serlo por ciudadanos que cobran su nómina a través de las administraciones públicas.
Y una segunda cuestión. ¿Cuál es el objeto de la atención sanitaria? ¿Lo es que el ciudadano sea atendido lo mejor y lo más rápido posible o el que su tratamiento y curación se realicen, a tuerto o a derecho, a través del sistema bendecido por un cierto estado de opinión, el de la idolatría de la Administración pública?
Es evidente que en el actual estado de cosas, la colaboración con la sanidad privada, el “desvío” a ella –con aceptación por parte del paciente, como se hace ahora–, es una necesidad imperiosa, para el sistema y para el individuo.
Porque el objeto de la sanidad es la curación pronta del enfermo, no la satisfacción del discurso de los publílatras.
Aunque tal parece que algunos mantienen el récipe de Molière: “Más vale morir dentro de las reglas que escapar a la muerte contra las reglas”.
