Pensábamos que el establecimiento de comunidades autónomas pretendía acercar la administración a los ciudadanos. Al menos eso se explicó en la Transición a la democracia, hace más de 45 años, cuando los redactores de la Constitución estudiaban la forma estructural del Estado. Buscaban crear unas administraciones que recogieran peculiaridades y prioridades de los ciudadanos, de los contribuyentes, que aproximaran el más impersonal gobierno de la nación a las regiones, más definidas en costumbres, tradiciones, modos de vida de los diferentes rincones de España. La rivalidad entre comunidades autónomas y Estado muestra lo contrario.
Salieron de ese estudio constitucional algunas comunidades inventadas, otras demasiado grandes, alguna con agrupación provincial extraña y también separaciones comarcales poco racionales. Nacieron comunidades peculiares por razones políticas u operativas, como Madrid, capital del Reino y claramente diferenciada de su contorno, ya fuera La Mancha, ya la Vieja Castilla. En ésta había tendencias que no creían conveniente la integración de las provincias del antiguo Reino de León. Y Cantabria, la provincia costera de Castilla la Vieja tenía poco común con el resto de los otros departamentos castellanos. También hubo pretensiones vascas de integrar en su comunidad a la foral Navarra.
Establecida su implantación en el texto magno se fueron declarando las comunidades según las fuerzas políticas que en ellas dominaban. Y a medida que estas fuerzas se fueron conformando los estatutos de su ámbito administrativo. También sus banderas y escudos, así como festividades y calendarios. Al tiempo, la carta magna establecía una serie de leyes nacionales y supracomunitarias, competencias y distinciones entre nacionalidades y regiones, elecciones y jurisdicciones y tribunales. El mapa autonómico se fue configurando y los gobiernos funcionando. Todo se suponía que contribuiría a la gobernanza cercana al contribuyente en un nivel superior al municipal o comarcal.
Pero la gestión comunitaria comenzó a diferenciar unos territorios de otros, las fuerzas políticas a priorizar gestiones y los administradores autonómicos a solicitar competencias que, decían, reclamaban sus administrados. Surgieron entonces los debates sobre si leyes y decisiones de gobierno entraban dentro de su atribución o facultad, según lo establecido por la Constitución. Y comenzaron las rivalidades. Hasta ahí, dentro de lo normal. Un sistema parecido a los estados federales con un sello hispano buscado por los "padres" del texto constitucional, es decir, lo más parecido a una federación de comunidades autónomas pero diferenciando territorios según la fuerza política de su trayectoria histórica. No parecía lo ideal para todos los representantes políticos o su camino a través de la historia pero era lo consensuado según el momento político.
Sin embargo, iniciada la gobernabilidad de las nuevas entidades autónomas, aparecieron rivalidades económicas, diferencias sociales y argumentos políticos radicales que obstaculizaban esa gobernabilidad. Nacionalismos y regionalismos políticos comenzaron a manifestarse y a superar el desarrollo económico/social. La administración cercana fue pasando de la gestión primaria a la gestión política y rivalidad de competencias: primero unas comunidades históricas tenían competencia en materias que otras no históricas no tenían; la riqueza económica era muy desigual a la salida de la dictadura; la diversidad territorial era significativa a la hora de gestionar recursos… la rivalidad llegaba a extremos de recurrir a modelos económicos competitivos entre comunidades. Las formaciones políticas fueron recogiendo reivindicaciones que posiblemente superasen las competencias autonómicas. Poco a poco las diferencias políticosociales trascendieron el ámbito comunitario y se extendieron al nacional. Apareció el hooliganismo político que provoca prioridades absurdamente paralizantes. Así, hoy, leyes nacionales han de respetar normas autonómicas, lo que provoca conflictos, dilaciones y discusiones que sufren los administrados. Ejemplos hay. Hasta el punto de traspasar los ámbitos entre campos políticos y dedicarse a la contienda políticocientífica en terrenos como la salud (tratamientos del coronavirus), la historia (nacional o localista) o la académicocultural en los libros de texto. Un tema puntual de pura actualidad: la prevención contra incendios se supone que corresponde al Gobierno cercano, el autonómico. Pero ¿alguno hace lo suficiente cada ejercicio para prevenirlos? ¡Menos mal que existe una UME!
Educación, sanidad, servicios sociales…, aunque estén transferidos, son las dianas más comunes en esa competición que alcanza ya a una contienda política entre niveles distintos y producen enfrentamientos no administrativos entre el Gobierno estatal y los de las autonomías. A los padres constitucionalistas les faltó, como existe en muchas federaciones, establecer una cláusula de solidaridad, la solidaridad política que había al final de la dictadura. La cercanía al/la contribuyente se aleja.
