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Vicente Montes

El pastel presupuestario y sus comensales

El PSOE inicia las negociaciones para lograr la aprobación de sus cuentas, pero algunos apoyos pueden tener consecuencias

El Gobierno asturiano iniciará, mañana lunes, las reuniones con los diferentes grupos parlamentarios (a excepción de Vox) para tratar de negociar la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar los Presupuestos de 2023. Se trata de un acto más protocolario que otra cosa, porque poco se amarrará en esa primera reunión, más allá de clarificar afinidades y discrepancias que ya están más o menos predefinidas de antemano.

El presidente, Adrián Barbón, ya ha expresado (con la gráfica expresión de que negociará con "quien se ponga a tiro") su voluntad de atraer al máximo de actores al acuerdo presupuestario. Por un lado, consigue esa pátina de transversalidad y, por otro, no lo descuiden, también se amarran favores para posteriores lances parlamentarios. Pero a veces, hay acercamientos que pueden resultar excluyentes o que molestan a otros posibles aliados. En eso está el fino equilibro de la negociación.

Hay que reconocerle al presidente Barbón una gran habilidad para situar los debates en los momentos que a él le interesan estratégicamente. Y una gran capacidad para sepultar errores pasados y hacer como que nunca existieron. ¿No parece olvidado, salvo para Podemos, el fracaso político que supone iniciar en falso una reforma estatutaria con cooficialidad incluida? El propio Presidente no duda en poner por delante el reconocimiento de los fallos, con lo que se evita discusiones sobre ellos.

Con esa habilidad ha conseguido, por ejemplo, que el debate de orientación política, también denominado debate del estado de la región, se acabase convirtiendo en realidad en un preludio del debate presupuestario. Y además, enlazado con la polémica política nacional sobre el modelo de fiscalidad de populares y socialistas. Esa batalla, de profunda carga ideológica, le viene de perlas al Presidente para defender su propio modelo de fiscalidad (ni subir ni bajar impuestos en términos generales, sino bonificar fiscalmente situaciones específicas) y apoyar sobre ese asunto la negociación que se avecina.

Si hubiese una quiniela política, apostar por un acuerdo presupuestario con IU sería casi un acierto seguro; más aún tras la escenificación política de esta semana en Navia, donde asuntos que han sido motivo de disputa severa entre la coalición y el PSOE, como la política industrial o las (atentos a ellas) futuras leyes de calidad ambiental o empleo público, se han dejado fuera como discrepancias pactadas. También, dada la confrontación en fiscalidad, tengan claro que el PP estará diametralmente enfrente del proyecto presupuestario del Gobierno.

Ahora bien, Barbón aún necesita, como mínimo, un diputado más para salvar las cuentas. Y ahí tiene varias opciones: Ciudadanos, Foro (Adrián Pumares) o el nuevo diputado del grupo mixto Armando F. Bartolomé. Cabe una opción de acuerdo con Podemos, pero es lejana y poco probable. Dada la fragmentación con la que la izquierda del PSOE afronta las autonómicas, sin la bandera del proyecto "Sumar" de Yolanda Díaz, veremos un reparto de papeles discrepantes para así diferenciar electoralmente las siglas.

En esos tres se juega el partido. Bartolomé entra en escena, con una "disposición favorable" para pactar el Presupuesto. Conviene recordar lo que dijo el año pasado para rechazar apoyar las cuentas de 2022, pese a que sus entonces compañeros de Ciudadanos las respaldaron, porque ahí tiene el listón con el que los diputados naranjas le medirán a él. En Ciudadanos no gusta que el Gobierno mire a Bartolomé, expulsado del grupo, pero en principio no establecerán un veto. Pero los naranjas sí van a tomar nota de cómo se desarrolla esa negociación para reconsiderar o no el respaldo que el PSOE da por hecho a las leyes de calidad ambiental y empleo público, en las que los socialistas no consiguen el apoyo del resto de la izquierda: es más, la ley de calidad ambiental y su simplificación de trámites levanta ampollas en IU y Podemos.

No cabe duda de que la diligencia con la que el PSOE (también el PP lo respaldó) participó en el cese de Bartolomé como miembro de la Mesa de la Junta supone una concesión a los intereses del grupo de Ciudadanos, un barco a la deriva ante el horizonte electoral tras una insólita y procelosa navegación. Y como compensación, Bartolomé logra el reconocimiento del PSOE para negociar las cuentas y ganar visibilidad. Pero ese juego de quid pro quo y contrapesos e indemnizaciones siempre es inestable.

El modo en que ese baile entre tres funcione podrá ayudar a Foro a tomar posición. Los foristas, visto el "barullo" de los socialistas gijoneses, tienen que considerar bien cuál será su estrategia de cara a las próximas autonómicas y municipales para lograr la máxima visibilidad de su proyecto. Sin duda, tendrán muy en cuenta las inversiones para Gijón a la hora de evaluar cuánto les gusta o disgusta el dibujo presupuestario del Ejecutivo.

En cualquier caso, el Gobierno no puede dejar pasar la oportunidad de aprobar un Presupuesto, cuyas cifras alcanzarán récord (el gobierno central transferirá más dinero que nunca por la elevada recaudación en 2021 y debe computarse el efecto de la subida de la inflación en los salarios públicos). Y el paquete de bonificaciones fiscales y las ayudas a la natalidad o la escolarización de menores de tres años serán un arma que esgrimir si se aprueban, y que utilizar para atacar a quienes las bloqueen.

Un Presupuesto en marcha dará a los socialistas aire para afrontar con actividad la primera mitad de 2023 hasta las elecciones, y calma para después, convencidos de que seguirán gobernando. A quienes lo apoyen les permitirá llevarse un pequeño trocito del pastel que usar como logro propio. Y quienes lo rechacen, no lo duden, también sabrán hacer de ello un mérito ante sus electores.

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