El último kilómetro de las políticas públicas

A finales del pasado año el Consejo de Estado Francés anunció su intención de dedicar el informe anual de 2023 al «último kilómetro de las políticas públicas». Los ciclos electorales de los distintos niveles administrativos, la mediatización de la política o la búsqueda del titular impulsan numerosas iniciativas: leyes, planes, estrategias, comisiones, grupos de trabajo y otros anuncios como si estos fueran resultado y no producto o instrumento. El problema que han detectado en el país vecino –tan prolijo en planificación– es que muchas de esas iniciativas se debilitan, desvirtúan o evaporan cuando se produce el momento de su recepción por parte de la ciudadanía. Y para que eso no ocurra, es necesario pensar en el último kilómetro como en el primero. No vale con responsabilizar a lobbies o actores interesados, porque el problema es justamente el contrario: se diseñan las políticas sin la debida participación de sus implicados finales. Y tampoco con el teorema de la imposibilidad: si con la pandemia fuimos capaces de adaptar los sistemas sanitarios a la demanda que se requería, ¿acaso no hay problemas en nuestra sociedad que requieran cambios profundos en la manera de abordarlos?

Las promesas suelen eludir los costes y subestimar los problemas de aplicación de las medidas. Son adictivas porque van en la línea de parecer ideas nuevas, pues siempre tendrá más efecto público algo que parece una novedad a continuar un programa anterior, o a modificarlo, pues lo segundo resulta poco épico. Todos hemos visto envejecer prematuramente equipamientos públicos porque fueron diseñados para el momento de su anuncio, y no para el futuro, grandes infraestructuras de comunicación que directamente conectaban con redes locales porque nadie había pensado en cosas tan prosaicas, anuncios de leyes para resolver problemas complejos como si la legislación tuviera poderes taumatúrgicos, grandes planes para cuestiones muy concretas, o diseño de estructuras administrativas con visión coyuntural o simplemente, sin visión. Por si faltaban invitados, la pulsión democratizadora de las redes sociales, acelerador de todo lo anterior a pesar de que no todo es soluble en lo digital, se oscurece cuando se utilizan para sustituir al papel profesional de los medios de comunicación. Los responsables públicos no deben decir que leen, sino leer.

Ya no hay quien pueda defender la acción pública solo desde la óptica de la optimización de la gestión. Un nuevo escenario tiene nuevos requerimientos. Los errores pasados son útiles para los nuevos diseños. En España hemos sido capaces en muy poco tiempo en generar un sistema descentralizado, que aún con carencias, supone un ingente esfuerzo de adaptación a las necesidades locales y regionales, un factor de proximidad que puede operar como ventaja también en la propia especialización económica regional.

Un corredor de fondo piensa siempre en la línea de llegada. Por eso parece tan conveniente invertir el sentido de la planificación, pensar en los usuarios, en la población objeto, en la forma en que esa acción llegará y cubrirá un determinado territorio, en la adaptación a las necesidades presentes y futuras. Se necesitan algunos ingredientes: una mayor profesionalización de la acción pública –que tiene coste defender públicamente, y por eso hay una distorsión entre lo que se dice y lo que se hace–, unos interlocutores capaces –pues la participación y el compromiso ciudadano es un deber indelegable–, y tener una cierta idea de hacia dónde se quiere ir –ya advertía Paloma García Picazo que mientras Gorbachov celebraba el septuagésimo segundo aniversario de la Revolución, la población rusa comentaba «durante setenta y dos años no hemos ido hacia ninguna parte»–. Para que esto no ocurra, conviene pensar en el último kilómetro.

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