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Abismo hasta las europeas

La tensión entre Sánchez y Feijóo alcanza máximos y antes de las elecciones del próximo 9 de junio será imposible un pacto entre los dos grandes partidos para renovar el CGPJ

Juan Tapia

Juan Tapia

Ya pasó el Día de la Constitución y ya se han cumplido 10 años desde que el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue elegido por el Congreso y el Senado en 2013. Sus 20 miembros (ahora solo quedan 16), que deberían haberse renovado en 2018, llevan así más de cinco largos años de prórroga. Y esta semana no ha habido ni el más mínimo indicio de que el gran abismo entre Sánchez y Feijóo vaya a aminorarse. Tampoco de que se pueda cumplir el mandato constitucional respecto al CGPJ. ¿Por qué?

Renovar el Consejo exige un pacto entre los dos grandes partidos porque, para garantizar su pluralidad, la Constitución exige una mayoría muy reforzada de tres quintos para su elección en el Senado y el Congreso. Pero desde 2018 el PP, con distintos argumentos, se ha negado a acordar la renovación. Bueno, Pablo Casado pactó una que habría hecho a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, el nuevo presidente del CGPJ y del Supremo. Pero no llegó a puerto porque el dirigente del PP Ignacio Cosidó, en una comunicación interna que trascendió, afirmó que era un buen pacto porque así se controlaría "por la puerta de detrás" la Sala de lo Penal. Inmediatamente Marchena renunció y todo se vino abajo.

Y la situación se ha ido haciendo insostenible. Para forzar al PP, el Gobierno dictó una ley que impedía que un Consejo en funciones siguiera nombrando a los presidentes de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de las comunidades y a los magistrados del Supremo y hoy están vacantes 85 altos cargos judiciales, 29 en el Supremo. En 2022, su entonces presidente Carlos Lesmes, aupado por el Gobierno de Rajoy, llegó a dimitir con gran escándalo para forzar la renovación. Pero ni así, nada de nada y todo siguió deteriorándose.

La última posición dulcificada del PP –tras que el comisario Reynders dejara claro que la renovación era prioritaria– admite que el Consejo se renueve con la ley actual, pero exige que, al mismo tiempo, se cambie la ley para que los 12 miembros de la carrera judicial del Consejo (los otros ocho son juristas de prestigio) no sean designados por las cámaras, entre una lista votada por los jueces, sino elegidos directamente por los propios jueces.

El PP exige así el cambio de una ley que fue votada con mayoría del PP, y con la que se eligió el Consejo actual cuando Rajoy tenía mayoría absoluta. Argumenta que hay que "despolitizar" el CGPJ, pero con la actual norma su mayoría conservadora no podría revalidarse, mientras que si fueran solo los jueces los que eligieran a los 12 de la carrera judicial se impondrían candidatos próximos a la siempre mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Todo se puede defender, pero durante cinco años el PP no ha querido pactar un nuevo CGPJ. Y aún es más difícil que lo haga ahora cuando está sacudido e irritado porque, pese a ganar las elecciones del 23J, no ha logrado la mayoría suficiente para gobernar. Además, Sánchez solo ha logrado ser investido por un pacto con Puigdemont que ha exigido una ley de amnistía que el PP –y no solo el PP– cree inconstitucional. Y Feijóo apuesta a que la amnistía será la tumba de Sánchez.

El PP lleva cinco años sin querer renovar el CGPJ y Sánchez es presidente legalmente –Feijóo lo admite–, pero con pactos oscuros con el independentismo que el PP cree inadmisibles. El PP no cumple una obligación constitucional, pero es el primer grupo parlamentario y gobierna en la mayoría de comunidades (a veces con Vox). Y Sánchez solo ha sido investido gracias a la amnistía exigida por Puigdemont, que no aprueba la mayoría de españoles, y con el apoyo de los muy diversos independentistas, de Sumar… y de Podemos.

¿Cuándo se podrá superar esta tensa y endiablada situación y gobernar con cierta normalidad? Parece que nunca antes de las europeas de junio de 2024 que el PP quiere convertir en un referéndum contra Sánchez. Pero las europeas ni son un referéndum ni deciden el Gobierno de España. ¿Entonces? ¿Hasta que se rompa –que pasará algún día– la mayoría de la investidura y se convoquen elecciones?

Lo único garantizado es pues una gran crispación y altas dosis de inestabilidad. Y pese a todo… el Ibex avanza. ¡Curioso!

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