Una zona de bajas emisiones compatible con la libertad

Según el padrón municipal, Oviedo tiene 217.600 habitantes, que son menos que los que tenía hace 15 años. Solo ese dato basta para constatar que la capital del Principado necesita atraer población y actividad.

A lo largo de los últimos 15 años, el número de turismos, autobuses, furgonetas y camiones matriculados en Oviedo creció un 4%. El parque actual de vehículos incluye un creciente porcentaje de unidades de cero emisiones o híbridos y/o propulsados a gas (ahora son el 4,4%). A ellos se suma un 33% de vehículos convencionales con "etiqueta C, verde", que son los que cumplen las normas euro más exigentes de emisiones. Así, un 37,4% de los vehículos que circulan en Oviedo son de emisiones bajas o cero. Insisto en que esta proporción es creciente.

Pese a estos datos (menos población, necesidad de más actividad, casi un 40% de vehículos de bajas o nulas emisiones), el Ayuntamiento de Oviedo nos sorprendió con un proyecto que, en la práctica, puede erradicar los coches del centro. Se proyecta unir el Campo de San Francisco con la plaza de la Escandalera y, posiblemente también, con la plaza del teatro Campoamor. Además, se eliminarían dos carriles de la calle Argüelles.

¿Por qué encarar una obra varias veces millonaria que complicaría el acceso a una zona clave de Oviedo? Porque la ley de Cambio Climático exige que, desde junio de 2025, las ciudades con más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones (ZBE).

Basta saber que esa ley fue aprobada por la "mayoría Frankenstein" para advertir los fines que persigue: el fanatismo climático como guía, el ataque a la libertad individual y la propiedad privada como herramientas. Poner por delante una discutible "emergencia climática" como excusa para avanzar en una agenda liberticida. Proyectar el futuro como si no fuera a haber ningún adelanto tecnológico que pueda resolver la cuestión de la calidad del aire.

Que las ambulancias o bomberos tengan un acceso más difícil a la zona central de Oviedo, que los comerciantes y hosteleros del área puedan ver resentida su actividad (como mínimo, durante el tiempo que duren las obras) o el derroche de dinero público en una obra innecesaria son todas cuestiones que a los impulsores de esa ley (los socialistas de todos los partidos) les tienen sin cuidado.

Si bien es obvio que la ley debe cumplirse (aunque el propio gobierno sanchista-leninista interprete el cumplimiento de la ley como una posibilidad más que como una obligación), lo mínimo que espero del Ayuntamiento de Oviedo es que minimice el impacto de la misma en la ciudad, pero no que la haga propia. Lo ideal sería que la combatiera ideológicamente, denunciando los fines liberticidas de la norma, pero no exijo tanto.

¿Y si dentro de unos años los coches con cero emisiones son el 50% del total o más? ¿Y si algún día Asturias decide dejar atrás la etapa de gobiernos socialistas que la vienen empobreciendo y el centro de Oviedo necesita albergar más oficinas, comercios y actividad? En esos casos, la obra proyectada debería deshacerse para volver a dar a esas calles su aspecto actual, derrochando dos veces el dinero del contribuyente.

La forma más compatible con la libertad para salir del paso es restringir la circulación, poniendo un precio al acceso a la ZBE. Es decir, no prohibir el acceso a ningún vehículo, sino cobrar una tasa para acceder a la ZBE, que podría ser mayor cuanto más contaminante sea el vehículo en cuestión. Si el precio es adecuado, la circulación se reducirá naturalmente, con la enorme ventaja (al menos para los que valoramos la libertad) de dar a la gente la posibilidad de elegir, ahorrándonos además una obra que nadie quiere. Lo que se recaude por esa tasa de acceso a la ZBE debería aplicarse íntegramente a la reducción de impuestos municipales.

Demostremos desde Oviedo que hay alternativas factibles compatibles con la libertad frente a las políticas socialistas empobrecedoras y prohibicionistas.

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