Opinión

Suecia envía una señal

El problema de la emigración

Suecia envía una señal

Suecia envía una señal / .

Hace tres meses la BBC titulaba «Suecia recurre al ejército para detener la ola de asesinatos asociados a las disputas entre bandas» (formadas por emigrantes). Otros medios señalaban: «El Gobierno diseña leyes de inmigración restrictivas». Un periódico anota la necesidad que tiene Göran, un habitante de un suburbio de Estocolmo, de salir a comprar el pan protegido por un chaleco antibalas.

No hace falta que se lo recuerde: Suecia, la reina de la libertad de acogida, donde todo el mundo era bienvenido.

La inmigración se ha convertido en un problema generalizado en muchos países. El Reino Unido, Francia, Alemania, entre otros estados europeos, plantean medidas de limitaciones en la acogida de emigrados, de restricción en los subsidios, de ciertos controles residenciales. La misma Unión Europea acaba de acordar un nuevo protocolo sobre migración y asilo, con más control de inmigrantes y reparto solidario de los mismos. En los EE UU la cuestión de la emigración sudamericana es causa de un profundo enfrentamiento entre republicanos y demócratas, la paralización coyuntural del presupuesto y, de momento, la ayuda a Ucrania.

¿Y en España? Salvo el alboroto provocado por el trato entre Junts y el PSOE, aquí las cuestiones de la emigración no parecen suscitar graves inquietudes. Es más, el discurso dominante se mueve bajo dos parámetros: el de que hay que acoger a todo el mundo y el de que los emigrantes son necesarios para que, con su trabajo, puedan contribuir a pagar las pensiones en el futuro.

El primero de los parámetros parece guiado por un arcangelismo desaforado. Porque ¿cuál es el número de emigrantes que se puede acoger? ¿Un millón, dos, veinte? ¿Cuántos buques Aquarius? ¿O no existe límite alguno? Pensemos, solamente, que en el año 2023 llegaron por mar o saltando las vallas de Ceuta y Melilla 56.852 personas sin papeles, un 82,1% más que en 2022.

Otra cuestión es la de la cualificación de esos inmigrantes. Aun suponiendo que vengan con la intención de ganarse la vida trabajando, ¿tienen la cualificación necesaria para muchos trabajos? Y, por otro lado, ¿cómo congeniar el darles una ocupación con el hecho de que tengamos tres millones de parados? ¿De dónde van a salir esos empleos? Verdaderamente, el discurso de que son necesarios esos miles o millones de emigrantes para que trabajen y sostengan las pensiones no es más que un discurso irrealista, que trata de colaborar en sostener el discurso arcangélico del «todos bienvenidos».

Existe una tercera falacia en relación con la emigración, el parangón con nuestra emigración histórica a Sudamérica o, posteriormente, a Europa. No son comparables: nuestros antepasados emigrantes no lo hacían en busca de empleos donde no los había, sino, en general, en busca de trabajo donde había oportunidades o se demandaba.

No se pueden obviar las necesidades, a veces vitales, de muchos de los inmigrantes hacia España o Europa: por razones de ganar un sustento, unos, por motivos de guerras o persecuciones, otros. De ese modo, llegan al continente gentes de África, de Sudamérica o de la misma Europa, por razones varias y comprensibles. Pero, en todo caso, la solidaridad que provocan esas causas no debe hacer olvidar los problemas que la inmigración descontrolada o innúmera provoca en los países receptores. Una, evidentemente, es la económica, la del sostenimiento de las ayudas y subsidios que esas personas reciben, ayudas y subsidios, que, no lo olvidemos, provienen de los sueldos y esfuerzo de quienes trabajan, no del cielo.

Otra, evidentemente, es la de la integración de los nuevos habitantes en la sociedad que los acoge. El desiderátum es el de la dilución de los mismos en el patrón de la sociedad de acogida. En caso contrario, se pueden producir –y se producen de hecho– grupos que se constituyan como mafias –con la explotación de los jóvenes para el delito, con frecuencia– y que establezcan su dominio y normas sobre una parte del territorio; colectivos que vivan al margen de las normas de civilidad y convivencia que a lo largo de los siglos hemos construido en Occidente: la paridad de todos los individuos, con independencia de su raza, religión o poder económico; la igual entre hombres y mujeres y de todos los seres humanos ante la ley; la libertad de pensamiento y de expresión de las ideas de cada uno; la libertad de religión o la indiferencia ante ella; el imperio de la ley y la legislación sobre el de la religión o las iglesias.

No querer ver estos problemas, o su concreción cuando ya se dan, negarlos, amenaza el futuro de todos, pero, sobre todo, en el presente, representa una restricción de los derechos y las libertades de los que menos pueden y tienen, que son, por lo general, quienes tienen que soportar la convivencia territorial con esas zonas donde reina la anomia o la ley particular, y provoca, de forma inevitable, la manía genérica e indiferenciada contra los que son y se comportan distinto, eso que llamamos «xenofobia» y las reacciones que ello suscita.