Energía: equivocarse cuesta muy caro

Alguien nos está tomando el pelo. Los medios de Asturias han recogido en los últimos días el acuerdo entre la multinacional siderúrgica ArcelorMittal y EDF, la empresa estatal francesa de servicios eléctricos, que va a permitir inversiones en el norte de Francia que están paradas en ArcelorMittal de Asturias por falta de soluciones en el precio de la energía. En otras palabras, un subsidio de costes energéticos hace que Arcelor invierta en descarbonización en Francia, y no en España.

La noticia coincide con el dato de que los precios de la electricidad de 2023 han sido más bajos en España que en Francia y Alemania. Y la tendencia se mantiene: en enero, el coste fue de 73,76 euros/MWh, un 3,5% inferior al de Alemania y un 3,7% menor que el de Francia. Los precios a futuro también serán más bajos, gracias al alto porcentaje que las tecnologías más baratas –nuclear y renovables– están teniendo en el mix eléctrico.

En esta perspectiva de superación de una desventaja histórica que reducía la competitividad de nuestra industria electrointensiva, no se entiende la decisión del Gobierno de no extender la vida de las centrales nucleares. El error estratégico desperdicia esa inversión de la tendencia que está abaratando el precio de la electricidad e incrementa nuestra dependencia del gas, que es más caro y, desde luego, más contaminante.

A esto hay que añadir el desamparo de la industria española, con peores tarifas y menos ayudas y exenciones que otros competidores europeos. Y, en el caso de Francia, en la reforma del mercado eléctrico negociada por España con Bruselas el gobierno de París garantizó su capacidad de extender la vida útil de sus centrales nucleares con contratos estatales. Además de intervenir en el precio de la energía, esta jugada facilita el suministro de electricidad a precios reducidos para su sector industrial.

La experiencia de ArcelorMittal ilustra bien el problema. Una empresa que cuenta con una red de demanda cercana de su producto, tanto para la construcción de aerogeneradores como de la industria del automóvil, que tiene una salida al mar y una logística importante para exportar, y que se beneficiaría de la tendencia de coste energético más bajo, se ve gravemente amenazada por una decisión ideológica –eliminar la nuclear– y por la voracidad de querer recaudar más y más impuestos hasta el punto de que ciertas inversiones no sean competitivas.

Sin una política energética nacional no habrá inversiones en la industria. Malo para Asturias, malo para España. Ahí está el acuerdo de Arcelor con EDF. Y los primeros que toman nota de ello son los inversores, que se dirigen a Alemania y Francia al ver que esos países sí tienen una política industrial seria.

España puede tener precios de energía más bajos, más competitivos, a través de su capacidad nuclear y los recursos renovables. Pero, mientras Francia prolonga la vida de sus centrales, España no adopta un enfoque que combine energías renovables y nucleares. La extensión de la vida útil de una central en España puede costar en torno a los 31€/MWh, un precio muy bajo en comparación con los 84€/MWh del promedio del mercado, y desde luego muy lejos de los precios que superaban los 200 €/MWh de la crisis energética del año pasado.

Jordi Hereu, ministro de Industria, acaba de asegurar que la reindustrialización es muy importante. Como declaración, puede valer. Pero la ley de Industria de la que él habla no es suya: la estamos negociando en el Parlamento Europeo. Y los puntos que destaca –desde los proyectos de interés estratégico y la ventanilla única hasta la aceleración de permisos y un consejo estatal de política industrial– son conceptos que lanzamos en el pasado. En cambio, de reformar el estatuto del consumidor electrointensivo, ni palabra.

El ministro quiere hacer algo parecido a la ley Florange francesa de protección de las grandes industrias y los empleos. Pero una ley así también puede desalentar la inversión extranjera –cualquier obligación desincentiva las inversiones– y la necesaria flexibilidad empresarial.

Si hay una mala gestión del gobierno en este campo, si se imponen los prejuicios ideológicos y las concesiones a los socios también en política energética, y si en lugar de ayudas hay racanería, las empresas jugarán en España en peores condiciones que en la UE. Así de sencillo. El caso de ArcelorMittal y Francia se repetirá y pagaremos un precio muy caro, quizá irreversible, en la competitividad de la industria española.

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