Desde las últimas elecciones se libra una batalla por el poder, en la que el campo de batalla ha acabado siendo la amnistía, una partida de ajedrez legal en la que cada parte mueve sus peones. Está claro que la elite y la crema del estamento jurídico, que siempre se mueve "con buenas razones", ha tomado partido mayoritariamente, pero en ese escenario, pese al partidismo subyacente, se deben respetar ciertas formas y límites, que el Gobierno debería cuidar al jugar sus fichas. La ley de Enjuiciamiento Criminal es una norma procesal cuyo contenido debe estar solo al servicio de la mejor administración de la justicia penal. Hacer de su reforma una jugada de la partida de la amnistía, sin medir la necesidad y las consecuencias para un servicio público tan relevante, no cuida las formas ni como disparate. La amnistía puede justificarse o no, la reforma de la LECRIM para sacarla adelante, no.