La planta de actividades de acuicultura de Sotu Dueñes, en el concejo de Parres, ya tiene vía libre, tras otorgar ayer la Junta de gobierno local la licencia de obras. El equipo de gobierno, del PSOE, ha renunciado expresamente al diez por ciento de aprovechamiento urbanístico que le correspondía para agilizar la ejecución del proyecto, al considerar su "interés público" y que se trata "de una actividad económica de carácter singular y novedosa que generará empleo y promoción al concejo", según señalaron ayer las autoridades locales.
La decisión municipal llega tras la recepción en el Ayuntamiento de un informe de la Consejería de Medio Ambiente que daba luz verde para conceder el permiso. Es el último capítulo de un larguísimo proceso no exento de obstáculos en torno a este proyecto de Asturión Unión, empresa que se dedica a la cría de esturiones, la especie de la que se obtiene el caviar.
En mayo de 2013, la entidad promotora del proyecto había solicitado la licencia de obras, que había sido informada por los Servicios Técnicos Municipales, pero en agosto de 2013, la propia empresa presentaba un proyecto de medidas correctoras para el edificio auxiliar destinado al centro de transformación, a tenor de los dispuesto en el informe de calificación de la actividad. El 31 de enero de 2014, se presentó en el Ayuntamiento de Parres un anexo al proyecto, que ahora cuenta ya con la autorización de Media Ambiente.
La sociedad Asturión Unión S.L. tramita un estudio de implantación de planta para actividades de Acuicultura en Sotu Dueñes (Parres), a tenor de lo contemplado en la normativa urbanística.
El Ayuntamiento de Parres ya había aprobado definitivamente el estudio de implantación y el plan especial en septiembre de 2012, aunque la compleja tramitación del expediente provocó sucesivos parones.
El proyecto aprovechará las instalaciones que ya existen en la localidad parraguesa y además construirá un nuevo edificio para la explotación. En cuanto a esta edificación, la aprobación municipal establece algunas condiciones al proyecto. Así, define, por ejemplo, un plazo de 18 meses entre el comienzo y terminación de las obras, a contar desde la fecha de concesión de la licencia municipal de obras y actividad. También establece parámetros respecto a la urbanización y volumetrías de la explotación acuícola.
