El fiscal de Medio Ambiente de Asturias, Alejandro Cabaleiro, ha solicitado al juez la apertura de njuicio oral contra dos funcionarios del Ayuntamiento de Llanes, A. R. N. -ya jubilado- y I. V. F. como presuntos autores de un delito de prevaricación urbanística, al haber avalado con sus informes la ampliación de un camping de Celoriu declarado fuera de ordenación. El ministerio público solicita para cada uno de los dos acusados penas de dos años y seis meses de prisión, multa de 13.500 euros, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
El relato del fiscal señala que A. R. N., durante su etapa como arquitecto municipal, e I. V. F., como técnico de la administración general (TAG), elaboraron informes en los que, supuestamente, prescindieron de la normativa urbanística entonces vigente, omitieron la aplicación del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), hicieron caso omiso a la normativa sobre campamentos de turismo y obviaron la realidad física de las parcelas afectadas.
Los informes de los dos funcionarios, elaborados en abril de 2012, eran vinculantes y posibilitaron que el 25 de marzo de 2014 el Ayuntamiento de Llanes aprobara la ampliación del camping María Elena en 7.693,62 metros cuadrados. El fiscal detalla que la propia Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) informó el 16 de junio de 2016 negativamente la licencia municipal, al considerar que la ampliación aprobada "no resulta compatible con el régimen de fuera de ordenación provisional en el que se encuentra el camping", pues esa ampliación "no es una actuación necesaria para la consolidación y mantenimiento de la instalación", pues su finalidad es "ampliar la zona de acampada".
El escrito del fiscal admite que no ha podido probar las causas que llevaron a los funcionarios a quebrantar supuestamente la ley, pero sí que sus actuaciones estuvieron guiadas "por la finalidad de autorizar la ampliación del camping María Elena", situado a apenas unas decenas de metros de la línea de costa.
El fiscal destaca que el POLA señala en lo que se refiere al camping María Elena que sus "características y emplazamiento resultan incompatibles con una mínima sensibilidad ambiental o paisajística".
El POLA añade que el establecimiento celoriano presenta un "impacto paisajístico severo que exigiría su desaparición en el plazo más breve posible". Todo ello quiere decir, según el fiscal, que conformidad con la normativa entonces vigente en el concejo de Llanes, el camping María Elena estaba considerado "fuera de ordenación". Además, loos funcionarios omitieron en sus informes que el camping abarca parcelas afectadas por el POLA.
El fiscal propone al juez que se interrogue a los dos acusados. Además, pide que se llame como testigos a ocho personas, entre las que figura el entonces concejal de Urbanismo de Llanes y actual portavoz del Grupo Socialista, José Manuel Herrero. En al relación de testigos y peritos figuran también otros empleados del Ayuntamiento y responsables de la CUOTA y del Gobierno del Principado (dos jefas de servicio). El fiscal ha remitido su escrito de calificación provisional al Juzgado de Instrucción de Llanes. El juicio oral, de celebrarse, sería en el Juzgado de lo Penal de Oviedo.