Un auxiliar de Policía controlará que se cumpla la nueva ordenanza de terrazas que a partir del 1 de abril comenzará a aplicarse en Cangas de Onís.
El equipo de gobierno que lidera con mayoría José Manuel González Castro (PP) busca con esta medida frenar el "descontrol" en la ocupación de la vía pública registrado el pasado verano en la capital canguesa.
La normativa supone la ampliación de una aprobada por los socialistas en abril del año 2008 y que continúa vigente en la actualidad. La nueva ordenanza de regulación de la ocupación de la vía pública contempla nuevas medidas, como la prohibición de cualquier tipo de instalación fija desmontable.
El texto impide que cada negocio tenga más de un caballete en el exterior para utilizar como reclamo de clientes anunciando menús o descuentos en productos. "La ordenanza supone una especie de Plan General de Ordenación en el sentido de que se zonifican los problemas de accesibilidad porque la realidad no es la misma en la avenida Covadonga o en la calle San Pelayo", señaló el regidor.
Los operarios municipales marcaron la semana pasada con cinta negra los máximos permitidos de ocupación de las terrazas canguesas atendiendo a los siguientes criterios: en las calles peatonales deben dejar un paso mínimo para viandantes de al menos tres metros, mientras que en las no peatonales el espacio que debe quedar libre de mobiliario se reduce hasta el metro y medio. Para que salga adelante la nueva normativa sólo quedan por cerrar algunos flecos, como la medición de los negocios ubicados en la avenida de Castilla, también conocida como carretera de Cañu, que se hará en breve espacio de tiempo.
El auxiliar de Policía realizará, entre otras cosas, una tarea de control de terrazas en la capital canguesa durante al menos un año. Los empresarios que no cumplan la norma establecida podrán ser penados con la prohibición de ocupar la vía pública con sus mesas y sillas por un período de hasta dos años.
El regidor cangués explicó que la medida ha sido consensuada con los empresarios locales. "Lo fácil hubiera sido llevar la ordenanza que nos pareciera al pleno, aprobarla y luego mandar a los afectados una carta diciéndoles lo que tenían que hacer", indicó. "Pero nosotros hemos optado por reunirnos uno a uno con todos para conocer de primera mano el punto de vista de los afectados y las alternativas que, como buenos conocedores de la zona, pueden aportar al proyecto", afirmó.
El Consistorio cangués encargó a una empresa de arquitectos local en octubre un estudio de la situación de las terrazas, que determinó que en muchas calles el peatón contaba con movilidad reducida como consecuencia de la expansión desmedida de las mismas. Con esta información en las manos, el Ayuntamiento preparó un primer borrador de la ordenanza, que fue consultado, entre otros, con asociaciones como Hotea e Incatur. "Tienen nuestro compromiso de que antes de aprobarlo, en el próximo pleno, podrán volver a consultarlo", aseguró González.
