Lo ilegalmente construido en el edificio de apartamentos rurales Cobalayu, situado en la localidad llanisca de Celoriu, deberá ser demolido en un plazo máximo de dos meses, según una resolución emitida por el Ayuntamiento de Llanes. La propiedad del inmueble, parientes de un exdirigente local y autonómico del PSOE, había solicitado la legalización de lo edificado. Fue la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) quien denunció el caso. Frente a esta resolución la propiedad puede presentar un recurso de reposición.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) rechazó a comienzos de año el recurso de la propiedad contra el acuerdo adoptado en abril de 2015 por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Urbanismo de denegar la autorización para legalizar los apartamentos.

El edificio que debe ser demolido se levantó sobre una antigua construcción en ruinas protegida, hecho que motivó la denuncia de AVALL pues, en su momento, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) concedió una licencia para llevar a cabo estos trabajos vinculados "a la absoluta preservación de los muros existentes", que formaban parte de una cuadra invernal, aspecto este que no se tuvo en cuenta. En la resolución emitida por el Ayuntamiento de Llanes se requiere a los propietarios de los apartamentos rurales que restituyan "los elementos físicos alterados a su situación originaria".

La secretaria de AVALL, María José Rodríguez, lamenta la pasividad en todo este asunto del equipo de gobierno que por aquel entonces dirigía la socialista Dolores Álvarez Campillo. "No vigilaron lo que allí ocurría ni leyeron nuestros escritos", subraya. El colectivo, que se ha mostrado siempre muy beligerante con la política urbanística del PSOE, muestra su satisfacción por que "el cumplimiento de la legalidad quedó restaurado", pero reitera su "insatisfacción" por la actuación del anterior equipo de gobierno "por permitir lo que ocurrió".

Tasas de aparcamientos

Finalmente, el cuatripartito ha podido aprobar de manera provisional la modificación de la ordenanza que regula el pago de tasas de apertura para aparcamientos de temporada. Durante el pleno, se pensó que para sacar adelante el cambio se precisaba mayoría absoluta, y el gobierno carecía de ella al faltar el edil de IU, Javier Ardines. Sin embargo, sólo se requería la mayoría simple, un error de interpretación que fue subsanado ayer.