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Ponga ve irregular la ampliación de nichos en San Ignacio

La Alcaldesa denuncia que la obra se realizó sin los permisos necesarios

Ponga ve irregular la ampliación de nichos en San IgnacioLNE

El Ayuntamiento de Ponga va a remitir esta semana a la Fiscalía del Principado de Asturias un escrito en el que se denuncian irregularidades en la ampliación del cementerio de San Ignacio de los Beyos, donde se construyeron dieciocho nuevos nichos cuando el forista Cándido Vega era el alcalde del concejo.

La acusación no sólo va dirigida a Vega, sino que se extiende a Ángel María Collado, exconcejal, y a Mercedes Traviesa, también exalcaldesa forista del municipio, por ser "consciente de las obras de ampliación de los nichos de San Ignacio sin que llevara a cabo ninguna diligencia al respecto". Asimismo, el escrito apunta a la empresa Contratas y Excavaciones Fontexina, SLL, reseñando que es la que "cobra el dinero correspondiente a la venta de los nichos". Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Ponga ha sido condenado a pagar más de 90.000 euros a esta empresa debido a unas obras que se ejecutaron sin contrato durante los gobiernos de Vega y Traviesa.

El Ayuntamiento, en este documento, alega que "las obras de ampliación de los nichos de San Ignacio de los Beyos no tenían los permisos pertinentes de los organismos directamente implicados en este tipo de construcciones, y con el agravante de que el terreno en cuestión se trataba de un monte de utilidad pública de especial protección".

Éste no es el único proceso en el que está inmerso el Consistorio pongueto. Ayer, la alcaldesa, la socialista Marta Alonso, acudió al Juzgado de Cangas de Onís como representante del Ayuntamiento, ya que es "parte perjudicada" en el caso en el que Traviesa está siendo investigada por un presunto delito de prevaricación relacionado con irregularidades en la contratación de personal en el telecentro, el consultorio médico de San Xuan de Beleño y para un puesto municipal.

La regidora se ratificó en que "la denuncia que se ha presentado es en base a la documentación que hay" y pide "que se compense al Ayuntamiento por las consecuencias que se hayan derivado de esas actuaciones". "Hay que pagar por lo que se ha hecho mal", asegura Marta Alonso.

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