La batalla legal del actual equipo de gobierno de Ponga -formado por la coalición PP y PSOE- continúa para sacar a la luz las supuestas irregularidades que se habrían cometido durante el mandato del forista Cándido Vega. El último capítulo tuvo lugar ayer cuando la alcaldesa pongueta, la socialista Marta Alonso, confirmó que el Ayuntamiento solicitará la apertura de juicio oral contra Vega por la presunta contratación irregular de cuatro trabajadores municipales.
El anuncio llega después de que el Juzgado de Cangas de Onís apreciara "indicios bastantes de criminalidad" tras concluir las diligencias abiertas a petición del fiscal. El concreto, se acusa al exalcalde pongueto de un delito de prevaricación administrativa por haber contratado a trabajadores de forma directa, sin proceso de selección y fuera del legalmente establecido, en los años 2011 y 2012. Los cargos municipales que supuestamente se habrían ocupado "a dedo" son el de una trabajadora social, una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio, un peón y un arquitecto.
Vega, que se encuentra inhabilitado para ocupar cargo público en relación a unas pistas abiertas sin permiso dentro del parque natural de Ponga, tiene varias causas abiertas más por prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental durante su etapa al frente del gobierno municipal. En una situación similar se encuentra la exregidora forista Mercedes Traviesa, que sucedió en el cargo a Vega tras ser inhabilitado y que está acusada de delitos de prevaricación.
