Con el derribo en marcha y a punto de que la propiedad presente un contencioso administrativo para pedir daños y perjuicios por valor de 535.000 euros al Ayuntamiento de Llanes. Así está a día de hoy la situación del chalé ubicado en la localidad de Niembru, en Llanes, construido de manera ilegal tal y como dictaminaron los tribunales de justicia, en base a una licencia urbanística otorgada en 2007 por el anterior equipo de gobierno de Llanes, siendo regidora Dolores Álvarez Campillo (PSOE). Pilar Martínez Ceyanes, magistrada del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo, impuso el pasado mes de octubre una multa de 500 euros a la concejala de Urbanismo de Llanes y primera teniente de alcalde, Marián García de la Llana (Foro), por no ejecutar la orden que obligaba al Ayuntamiento a derribar un chalé ubicado en la localidad de Niembru. Dicha multa está recurrida.

Según explica García el derribo del chalé comenzó días después de que le impusiesen la multa, pero no por este motivo. Urbanismo, según explica la edil, pasó el expediente de derribo al departamento de contratación del Ayuntamiento el 22 de diciembre de 2017. "Por lo que sea se demoró su tramitación y yo no tengo competencias sobre ese departamento", señaló. Sostiene que se ha pedido responsabilidades a urbanismo que no tienen, pues ellos en todo momento siguieron los dictámenes de la resolución judicial que obligaba a derribar el chalé. García de la Llana está a la espera de que el juzgado conteste al recurso interpuesto por la multa.

El letrado Jorge Álvarez de Linera del Bufete Álvarez de Linera Abogados, representante de la propietaria de la vivienda derruida, aseguró ayer que en marzo presentaron una reclamación por daños patrimoniales y morales al Ayuntamiento. "Han pasado seis meses y entendemos que se trata de un silencio administrativo con efecto negativo", indicó. El siguiente paso que darán pasa por presentar un recurso contencioso administrativo reclamando 535.000 euros.

La polémica en relación al citado chalé comenzó en el año 2003, cuando se solicitó una licencia para levantarlo. En 2007 el Ayuntamiento de Llanes, gobernado por el PSOE, concedió el permiso, iniciándose los trabajos en 2008. A comienzos de 2012 se paralizaron las obras. La propiedad sostiene que la licencia fue expedida de acuerdo con el planeamiento urbanístico que en aquel momento regía en el concejo, el cual fue anulado por los tribunales de justicia.

Desde el gobierno cuatripartito hablan de otro "caso Kaype". Los propietarios del hotel de Barro, reclaman al Ayuntamiento de Llanes una indemnización de 15,6 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por la anulación judicial de la licencia que concedió el gobierno socialista para ampliar el establecimiento.