Dolores Álvarez Campillo, exalcaldesa de Llanes y actual diputada autonómica socialista, no se libra por ahora de la causa judicial abierta contra ella por la consecución de dos contratos supuestamente irregulares a un arquitecto cuando estaba al frente del ayuntamiento llanisco. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) Ángel Aznárez, que asumió la causa dada la condición de aforada de la diputada, ha dictado un auto para que se abra procedimiento abreviado contra Álvarez Campillo, así como contra dos funcionarios municipales: el secretario, S. F. M., y el interventor, G. G. A.
Aznárez, que archiva la causa en lo que afectaba a otros dos ediles socialistas, ve indicios de un posible delito continuado de prevaricación por parte de la alcaldesa, con la cooperación necesaria de los dos funcionarios, al tramitar como contratos menores -y por tanto adjudicándolos a dedo- sendas contrataciones al mismo arquitecto, F. J. F. B., para labores de asesoramiento técnico. Aznárez abunda en el hecho de que ambos contratos al profesional -el primero en 2006 y el segundo en 2007- terminaron alargándose más de lo que permite la ley en contratos menores y superando el límite de montante que dicta la legislación. Se adjudicaron así sin el proceso previo pertinente.
El arquitecto estuvo trabajando finalmente hasta 2015 y en nueve años cobró del gobierno local socialista más de 450.000 euros, según los denunciantes. Aznárez cree que "los hechos expuestos son subsumibles o constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa". Dolores Álvarez Campillo, en anteriores declaraciones judiciales, negó cualquier relación con el arquitecto contratado y alabó su trabajo.
